Siete días

¿Recorte o cambio de sistema?

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FRANCISCO GUTIÉRREZ La Administración pública moderna fue creada a partir del siglo XIX, para asegurar la subsistencia de los hombres y su mayor libertad. Ya en 1840 era común la idea de que «La Administración es la cadena que enlaza todas las partes del Estado» y a ella corresponde «remover los obstáculos que la intolerancia, los errores y los hábitos envejecidos oponen a la rápida comunicación de las luces» según Canga Argüelles en Voz de la Administración Pública.

Ciento setenta y dos años después, nuestra Constitución de 1978, en su artículo 9.3, sigue este planteamiento, casi con idénticas palabras: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Remover obstáculos y crear condiciones para asegurar la equidad en el conjunto de la ciudadanía es tarea fundamental del conjunto de las administraciones que deben prestar, con eficacia y eficiencia, estos servicios básicos: educación, sanidad, seguridad, medio ambiente, etc.

Con la Constitución, España se incorpora a los países europeos de nuestro entorno que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, operan profundas transformaciones sobre el papel del Estado con relación a la sociedad civil y el sistema de garantías de derechos en lo que se ha venido denominando el «Estado del Bienestar» o «Modelo Social Europeo». Pasando de un concepto caritativo que produce beneficencia, a un concepto de equidad que garantiza derechos y como tales exigibles.

Entre estos derechos se encuentran la enseñanza básica obligatoria y gratuita y la protección de la salud. Por ello, produce preocupación el anuncio del Gobierno de acometer un recorte adicional, de 10.000 millones de euros en las partidas destinadas a estos derechos básicos, lo que, sin duda, representa una mala noticia para el conjunto de la ciudadanía, en especial a los sectores con menor capacidad económica.
En el momento de escribir este comentario, aún se conocen las medidas concretas y su aplicación, pero todo parece indicar que el 70% será en sanidad y el 30% en educación, porcentajes muy importantes que se unen a los recortes realizados en Presupuestos anteriores.

Analizando las partidas de gasto sanitario, es previsible que puedan verse afectadas prestaciones comunes pero costosas, como tratamientos cardiovasculares, enfermedades crónicas, servicios farmacéuticos y similares. Así como el capítulo de personal.

En relación a la enseñanza, la disminución de presupuesto afectará a su calidad, ya de por sí deficiente, con el aumento de alumnos, en Primaria y Secundaria, cinco más por clase, el resultado serán clases saturadas y docentes con más horas lectivas y consecuentemente, menor preparación de las materias a impartir. En las enseñanzas universitarias, se baraja un aumento de tasas de matriculación y menor partida para becas.

Con estas previsiones, es comprensible el temor y ansiedad en muchos sectores de la ciudadanía sobre la repercusión de estas medidas y la creencia que, lo que realmente se está gestando, es un cambio de modelo en los derechos sanitarios y educativos, con dos niveles de asistencia, uno privado/concertado de calidad para quienes puedan pagarlo, y otro de mínimos, con mayor precariedad y medios insuficientes, para los sectores de menor capacidad económica.

De ser así, supondría un cambio fundamental del sistema que nos alejaría del Modelo Social Europeo.

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