Siete días

La gran evasión

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JAVIER GONZÁLEZ DE LARA Y SARRIA Resulta curioso constatar cómo el cine nos brinda imágenes para todo. Y es que hay un hecho que no deja de recordarme, en estos días, el título de aquella célebre película bélica de 1963, si bien nada tiene que ver el contenido del filme con lo que ahora paso a relatar.
El Gobierno español ha aprobado recientemente una amnistía fiscal que se ofrece como última oportunidad a los conversos de acogerse a la fe tributaria. Se trata de una amnistía bajo el eufemismo de un «gravamen especial» del 10 por ciento para regularizar las rentas no declaradas, tanto para las que vengan de fuera como para las que se generen en España, que espera hacer aflorar 25.000 millones de euros.

Milagrosamente, se producirá entonces el olvido legal de los delitos (fiscales, según la cantidad defraudada), que extinguirá la responsabilidad de los autores. España ha vivido ya dos «amnistías fiscales» y, a pesar de los años transcurridos, se ha dicho solemnemente que ésta será la última oportunidad para acogerse a una medida de este tipo, lo que al contribuyente cumplidor le genera dudas y sobre todo, confusión.
La mala situación económica que según el Gobierno es «límite» parece justificar esta medida «excepcional», a todas luces discutible y en mi opinión, injusta. Discutible, porque recientemente fue rechazada, incluso por quienes hoy la proponen. De hecho, sus resultados han sido en ocasiones anteriores muy limitados y denotan falta de confianza y debilidad en nuestro sistema tributario. Injusta, porque desde el punto de vista político y moral deja mucho que desear, premiando el comportamiento del defraudador sin exigir prácticamente nada a cambio, y funcionando como una medida de afán puramente recaudatorio.

Aunque no se trate de una «medida de gracia», el precio asequible de la regularización la convierte en «amnistía parcial» para estímulo de quienes pudieran disfrutar de ella. Lo peor es que desmotiva a la amplia clase media cumplidora que sufre con mayor intensidad los efectos de la crisis económica.

Miles de familias, pequeños y medianos empresarios, autónomos, trabajadores, funcionarios, etc, que con lógica desgana pero con el deber moral de cumplir con sus obligaciones fiscales, tienen poco que ocultar. Y por más que se pretenda limitar el uso de efectivo para supuestamente aflorar el dinero negro, el reciente paquete de iniciativas, yendo en la dirección adecuada, parece tendrá un efecto limitado en la contención del fraude.

La raíz del problema está fundamentalmente en dos ámbitos: uno, los llamados «paraísos fiscales», tradicionalmente tolerados y con insuficiente presión por parte de la comunidad internacional. Dígase, según datos del Banco Mundial, sólo en Europa, Isla de Man y Gibraltar, dependientes ambas de Reino Unido, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Chipre y sorprendentemente, algún país que comparte el euro con nosotros en la Unión Monetaria. Por no hablar de todo un elenco de pequeños estados remotos expertos en fuga de capitales. Al menos, en el nuevo plan se establece la obligación de declarar el patrimonio y las cuentas en el extranjero, aunque esta medida no resultará suficiente para controlar determinados flujos de capitales de dudosa procedencia.

Otro ámbito es la economía doméstica irregular o sumergida, que representa en nuestro país la nada despreciable cifra del 23 al 25 por ciento del PIB. Para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones–la inmensa mayoría– esta competencia desleal representa un importante gravamen sobre su trabajo, abaratando artificialmente los costes de quienes se sitúan fuera de la legalidad. Casi todas las campañas de inspección las sufren quienes están regularmente dados de alta y suelen ser inspeccionados al equivocarse por ejemplo, cuando se aplica una deducción concreta del IRPF o del Impuesto de Sociedades. Con su pertinente e implacable sanción.

Como dice el refrán: «Casa con mil puertas, difícil de guardar», y es que mientras no se reaccione en estos ámbitos en los que triunfan con su tradicional habilidad los defraudadores, seguiremos siendo los honestos contribuyentes quienes sostengamos el peso de sus actos.

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