Sociedad anónima

La lentitud de la justicia, mala para la economía

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JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Los dos juzgados mercantiles de Málaga siguen al borde del colapso, sacando adelante un volumen de trabajo equivalente, según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que le correspondería hacer a nueve órganos judiciales. Los damnificados por esta saturación –además de los jueces y funcionarios, que hacen lo que pueden–, son las miles de empresas acogidas durante los últimos años al proceso concursal.

Se estima que un concurso de acreedores no debe prolongarse más de dos años para poder garantizar la continuidad de la empresa que se acoge al mismo pero la realidad es que los casos se están alargando hasta cuatro y cinco años. Si encima los juzgados han de lidiar con procesos tan complejísimos como el de la inmobiliaria Aifos –iniciado en 2009 y todavía sin fecha de acuerdo a la vista– pues apaga y vámonos.

El resultado final es que muchas de estas empresas, exhaustas ante un procedimiento tan largo, se ven abocadas a la liquidación de bienes y a la extinción, como vienen lamentado y denunciando desde hace meses en las páginas de este periódico jueces, abogados o empresarios. La Ley Concursal se hizo precisamente para salvar la actividad y el empleo de empresas condenadas a la quiebra, pero la falta de medios para su correcta aplicación amenaza con dejar estéril todo ese esfuerzo. Desde el estallido de la crisis, en Málaga se han iniciado más de 900 concursos de acreedores, a razón de 150-200 al año aunque el CGPJ recomienda que cada juzgado no coja más de 20 nuevos casos al año.

Un poder maltratado. Algunos piensan que el problema es que la Ley Concursal se promulgó en un momento de bonanza económica, cuando nada hacía presagiar que en poco tiempo se iba a producir una avalancha de quiebras judiciales. Es posible que la crisis haya influido, aunque el origen del mal es que la justicia ha sido siempre, presupuestariamente hablando, la hermana pobre del Estado. Mientras otras instancias mucho menos relevantes modernizaban sus estructuras, introducían las nuevas tecnologías y crecían en recursos humanos, la Justicia ha seguido exhibiendo ante los ciudadanos una imagen impropia del sigo XXI, con unos juzgados sobresaturados de casos, montañas de expedientes metidos en carpetas y procesos interminables para casos que, si algo requieren, es precisamente de urgencia en su resolución.

El sistema necesita de una profunda revisión. Lo dice la propia portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que recientemente apuntaba que la raíz del actual colapso de la justicia no estriba sólo en la crisis económica y la falta de medios, sino en su obsoleta e ineficiente estructura. «Lo que urge es también una reforma del sistema judicial en aras de optimizar las inversiones», explica. Ése es el gran reto del ministro Gallardón.

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