Dos circulares emitidas por la Dirección General de la Policía en un plazo de veinticuatro horas a las Jefaturas Superiores y sacadas a la luz por Europa Press esta semana han provocado cierto revuelo en las comisarías.

En la primera de ellas, el número dos de la institución invitaba a sus sucursales a no usar más los servicios de los intérpretes que habitualmente se utilizan para la asistencia a los detenidos en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano. Pero claro, una cosa es recortar presupuestos y otra amputar los derechos fundamentales que describe la Ley de Enjuiciamiento criminal en su artículo 520 para cualquier tipo de chorizo. Cortando y pegando, «toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten». Horas más tarde, la DGP rectificaba la circular para garantizar el servicio a los detenidos y señalaba a los traductores que atienden a los extranjeros que denuncian sus penurias en comisaría como objetivos de sus devoradoras tijeras presupuestarias.

Dicho anuncio podría pasar desapercibido en los municipios en los que el turismo no supone un pilar de su economía, pero en el caso de la Costa del Sol se trata de palabras mayores. «No se pueden utilizar los intérpretes para atender a las personas que formulan denuncias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, debiendo emplear en estos casos, de ser posible, los recursos de los que pueda disponer cada plantilla», cortando y pegando otra vez.

Si la medida entera es preocupante para una provincia que según los datos del Patronato de Turismo atrajo en 2011 a nueve millones de turistas (3,7 millones eran nacionales), ese «de ser posible» puede resultar dramático para el bloque principal que forman los visitantes británicos y alemanes, seguidos de otros mercados secundarios como Francia, Países Bajos, países escandinavos y Rusia. Más cuando desde el principal sindicato policial aseguran que en la formación de los agentes sólamente aparece un nivel bastante discreto de inglés y que, aún así, el 80% de la plantilla apenas alcanza la altura que Alfredo Landa exhibía en sus películas del destape.

Lo peor ya no es la imagen, el confuso idioma de los signos y el no me grites que te entiendo menos. Es la calidad y ralentización de un servicio que terminará afectando al ciudadano autóctono a costa de la salud mental de la víctima y del agente con el riesgo añadido e involuntario de la tergiversación de ambos.