Málaga está paralizada. La noticia no es nueva, pero sigue acojonando. El drama es que el futuro más inmediato puede ser peor. No hay informe de economistas, bancos o cajas que prolonguen la crudeza de la crisis hasta bien entrado el 2013, pero los acontecimientos de esta semana auguran aún más tiempo en las malditas trincheras. Ese espacio invisible donde cientos de malagueños hacen cuentas imposibles para llegar a final de mes o se desprenden de su dignidad para hacer cola en los numerosos comedores sociales. Y, a pesar de que la noticia no es nueva, cada día es más actual por los dramas anónimos que esconde la maldita crisis.
Una de las causas que más ha contribuido la debacle económica de la provincia es el brutal desplome de la obra pública y la desaparición del sector de la contrucción y residencial. Hace escasas semana, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, abogó por inversiones públicas en áreas clave como infraestructuras de transporte o telecomunicaciones, para que atraigan al sector privado y generen crecimiento económico. Rehn valora los esfuerzos de consolidación fiscal hechos en España hasta ahora pero cree que ha llegado el momento de crear un pacto europeo que refuerce las inversiones públicas de forma «inteligente», a fin de movilizar y arrastrar también a la financiación privada.
Cada vez son más las voces que reclaman ese «plan inteligente» de inversión pública que reactive el consumo, pues con él vendrá también más ingresos para las administraciones vía impuestos, tasas... Hasta ahora los esfuerzos de casi todas las administraciones se han centrado sólo en ajustar, en recortar y suprimir, sin aportar ningún tipo de estímulo a la economía. Y lo han realizado por la vía más fácil y directa. Todos los gobernantes saben que los recortes del gasto público son más eficaces y de efectos más rápidos en las cuentas públicas cuando se aplican en las partidas de gastos sociales y en las de inversión pública. Sus resultados son inmediatos. Y en ello están, sin una mínima reflexión previa e inteligente sobre el volumen real de infraestructuras que la economía española necesita. Se ha demostrado como un error que cuando se detiene una obra o no se inicia una inversión, el gasto que genera es menor al impacto negativo que tiene sobre la economía, pues el Estado deja de percibir impuestos y cotizaciones sociales de los trabajadores empleados y, encima, tiene que pagar más cobertura de desempleo de todos los trabajadores que son expulsados de las zanjas. Ahí están las escalofriantes cifras de parados.
La provincia de Málaga es el máximo exponente de esta espiral. La inversión pública es inexistente, lo que conlleva más paro y menos consumo privado. Málaga es una de las provincias españolas con mayor tasa de desempleo y menos recaudación por impuestos. Desde que estalló la crisis la provincia ha dejado de recaudar por IVA, impuesto al consumo, cerca de 500 millones de euros, que traducido al cristiano supone menos ventas y, por tanto, más cierre de comercios y más paro. En el sector de la construcción el drama es aún peor. Ya hay más trabajadores que proceden de este sector en el paro que en las obras y si en 2007 la provincia recibía 1.500 millones al año en inversión pública, en 2011 no se invirtió ni 300 millones de euros entre todas las administraciones.
La inactividad en Málaga es total. La Junta de Andalucía renunció hace tiempo a la mayoría de sus grandes o medianos proyectos. El tramo del metro hasta La Malagueta está en el limbo; el del Perchel, paralizado y el tramo de las líneas 1 y 2 hasta la estación María Zambrano puede que no se inaugure en febrero de 2013 como ayer reconoció la propia consejera de Fomento, Elena Cortés. En el dique están también el auditorio en el puerto; la mejora de la Carretera de Cádiz y sus 40 millones de euros; el camelo de 2005 del Macrohospital; el parque de Arraijanal; la finalización del AVE Antequera-Sevilla; el vial distribuidor; el tormentoso Campamento Benítez; la fantasmada del tren litoral; el cuento del convento de La Trinidad... Toda una retahíla de proyectos paralizados que en su conjunto supone una inversión congelada de más de 6.200 millones de euros sin olvidar los 340 millones de euros que la propia Consejería de Medio Ambiente cifró para terminar el saneamiento integral en la provincia. Aún se está a la espera de que la consejera de Fomento, Elena Cortés, explique la realidad oculta del metro de Málaga y qué proyectos priorizará el Gobierno andaluz después de que en su plan de ajuste bloqueara la inversión pública.
La parálisis es fruto también de la política del Gobierno central que no prevé casi ningún tipo de actuaciones pese a las constantes ruedas de prensa del PP anunciando brindis al sol. No hay ni una sola obra que incremente la capacidad hídrica de la provincia, ni actuaciones en playas, paseos marítimos, en la segunda cárcel de Archidona, en el Campamento Benítez, en el anillo ferroviario...
La aportación del Ayuntamiento de Málaga a la parálisis no es menor y sólo tiene en marcha la gran obra del Bulevar, mientras permanece enredado en los desastres de Tabacalera, el Astoria o asumiendo proyectos como el Campamento Benítez o Baños del Carmen que no son de su competencia directa.
Pero casi peor que esta atonía inversora es la falta de claridad en las ideas para priorizar esos proyectos necesarios y urgentes para el desarrollo de la provincia y activar la economía. Sería exigible a las administraciones un plan de inversiones real y creíble en tiempos de crisis que evite esta parálisis y que se aproveche esta coyuntura para idear las necesidades de la Málaga de futuro en vez de estar sacando y metiendo en el cajón proyectos en función de los intereses partidistas. No se sabe nada del futuro del anillo ferroviario; del saneamiento integral; de la ciudad aeroportuaria de Alhaurín de la Torre que crearía empleo y dinamismo si Málaga fuera base de las compañías aéreas; del corredor ferroviario para cohesionar el litoral oeste y permitir la movilidad de residentes y turistas... No se sabe nada de nada.
Málaga está paralizada y el turismo es la única industria que se mantiene como sostén de la economía pese a las innumerables zancadillas que entre todas las administraciones le lanzan en un intento de confirmar la torpeza política que reina entre nuestros gobernantes. Playas regeneradas con arena de ínfima calidad o natas y porquería compitiendo con los bañistas son las tarjetas de presentación que un verano más ofreceremos a los más de dos millones de viajeros que se esperan para la temporada alta.
Cierto es que la crisis ha desmontado cualquier tipo de planificación e inversiones, pero ello no impide, como demandan los empresarios, que se apuesten por inversiones públicas productivas que ayuden a esta provincia y a los más de 232.000 personas que permanecen en el paro.
Juande Mellado es el director de La Opinión de Málaga
