Tan solo superada por el paro y la crisis, la clase política ocupa el tercer lugar de las preocupaciones de los españoles, según el último sociobarómetro del CIS. Apenas conocido este dato, Esperanza Aguirre anunció su propósito de reducir a la mitad los diputados de la asamblea autonómica de Madrid, suprimir dobles sueldos, etc. Probablemente sería el primer ERE de un sector laboral multitudinario cuya imagen da pena. Los contribuyentes estamos pagando los sueldos, gavelas y pensiones de 445.568 políticos, justo el doble que los italianos y 300.000 más que los alemanes, cuyos niveles de administración son seis, no cuatro como los nuestros. Advierto que estas cifras circulan en la red y no tengo medio de contrastarlas.

Las retiraría ante una prueba de falsedad, pero no parecen exageradas. La misma fuente cuantifica en 165.967 los médicos ejercientes en España, 154.000 policias y 19.851 bomberos. La red puede ser mentirosa, pero lo han sido más las consentidoras estructuras del sistema, por fin sometidas a una revisión que se extiende a todos los poderes del Estado. La catarsis de la depresión económica tiene al menos la virtud de abrirnos los ojos a casi todo lo que ha sido y es impresentable en una sociedad evolucionada.

Reconocida demagoga, la presidenta de la Comunidad madrileña ha lanzado otro brindis al sol cuya efectividad depende en gran parte de la autoinmolación de los miles de políticos que sobran, responsables de votar las reformas legales (Constitución, Estatutos, Leyes orgánicas) que los devuelvan a la vida civil. Si la asamblea de Madrid puede reducirse a la mitad, es porque puede cumplir sus funciones con la mitad, principio aplicable a todos los parlamentos regionales y a instituciones que sobran por entero, cual es el caso del Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Diputado del Común, etc. Es decir, opíparos centros de empleo político que arrojan un sangrante decalage en la comparación de lo que hacen por España y lo que nos cuestan a los españoles.

Un ERE político a escala estatal simplemente basado en delimitar los empleos que son útiles, redimíría ingentes cifras de gasto pero, además, forzaría objetivos de eficiencia en la selección de los que deben seguir frente a los que están de más, con lo que la clase política invertiría la gravedad del rechazo social. Europa está cargando el énfasis en las reformas financieras y los controles bancarios, muy por encima de los recortes sociales que ya padecemos y no han concluido. Esto demuestra que los políticos españoles se han equivocado al priorizar el castigo de la parte más débil y menos preparada para la autodefensa. El «rescate blando» que salvará a los bancos se yuxtapone a un durísimo ajuste del estado de bienestar. Si es cierto que empezar por lo primero haría más llevadero lo segundo, la pregunta sobre el trabajo de casi medio millón de políticos adquiere acentos de tragedia griega.