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Tribuna

Blanco y en botella...

Las dudas sobre la deuda pública española proceden de la convicción de que la economía no puede crecer a corto, ni siquiera a medio plazo, si no escapa de la recesión

 

Óscar Bergasa El 9 de junio de 2012 los países miembros del Eurogrupo (los que forman la Zona Euro) adoptaron la decisión de atender la «solicitud formal que presentarán las Autoridades Españolas» para recibir una ayuda financiera que sería proporcionada por el EFSF/ESM para la recapitalización de sus instituciones financieras (Eurogroup Stateman on Spain). El acuerdo dice con absoluta claridad, que la total responsabilidad de la ayuda financiera «será del Gobierno español». Así pues, finalmente se ha despejado la incertidumbre desatada a partir de la intervención por el Gobierno sobre Bankia-BFA, y el disparo de la prima de riesgo de la deuda soberana española, que amenazaba con estrangular definitivamente las escasas posibilidades de recuperación de la economía española a lo largo del presente año.

Sin embargo y haciendo honor a una larga tradición nominalista, la opinión española se ha enzarzado en una discusión semántica algo grotesca, si no fuera por sus implicaciones políticas, alimentada por el propio presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, sobre si es o no un rescate, o si se trata de una «brillante» estrategia para salvar al euro, fuente actual de todos nuestros males presentes y futuros, como si la enorme cantidad de errores acumulados por las autoridades económicas y financieras españolas desde el comienzo de la crisis en el año 2008 no tuvieran nada que ver con nuestras tremendas dificultades actuales y futuras. ¿Galgos o podencos? Parecen preguntarse unos a otros.

El ministro de Economía, Sr. Guindos, y posteriormente el presidente del Gobierno han declarado que se ha obtenido un crédito de hasta 100.000 millones de euros en condiciones muy favorables, para hacer frente a la recapitalización (?) de la banca española, y que de las condiciones de este crédito y su devolución responderán las entidades afectadas. Nada más lejos de la realidad; el crédito se otorga al Gobierno de España, y se acepta que lo reciba un organismo público, el FROB, para su administración.

Las condiciones de uso de esos recursos todavía no han sido establecidas, al menos hasta donde conocemos y por otra parte, para que la opinión pública entienda lo que esto significa, los recursos monetarios los aporta el EFSF (siglas en inglés del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el mismo que ayudó a Grecia, Irlanda y Portugal) que solo puede otorgar «préstamos», el Eurogrupo deja bien claro que la ayuda, cuyo montante total se sabrá cuando concluyan las auditorías externas encargadas por el Gobierno español, tendrá «necesarios condicionantes de política» para el sector financiero (fusiones, divisiones, liquidaciones de entidades, reducción de costes laborales, y posibles condonaciones de deuda, etc).

Se hace necesario aclarar también que el actual programa de consolidación fiscal que aplica de forma tan radical el Gobierno español nada tiene que ver con el problema del sistema financiero, pues se trata de un programa de corrección del déficit público excesivo derivado de la caída profunda de la actividad económica a partir del año 2010 y sometido a un procedimiento de déficit excesivo por la Comisión Europea. Las dudas sobre la deuda pública española que manifiestan los mercados (los inversores realmente) proceden de la convicción de que la economía española no puede crecer a corto, ni siquiera a medio plazo, si no escapa de la recesión en que la han metido los planes de austeridad y consolidación fiscal impuestos por el fundamentalismo de la Sra. Merkel, que hacen insostenible la deuda a medio plazo (con tipos de interés positivos y tasas de crecimiento del PIB negativas) a pesar de que España era y sigue siendo, el país con el sector público menos endeudado de la Zona Euro.

Por el contrario, los problemas del sector financiero proceden de su exceso de apalancamiento (endeudamiento) y de la enorme cifra de activos inmobiliarios, unos 221.400 millones de euros, afectados por un creciente proceso de morosidad (la tasa de morosidad ha pasado en cuatro años del 0,92% al 8,36% de los activos totales de las entidades financieras) y de pérdida de valor por la caída del precio de la propiedad inmueble. La experiencia de otras crisis nos ilustra sobre la lentitud y dificultad de los procesos de desapalancamiento financiero (reducción de la deuda), que bloquean las posibilidades de que la banca pueda conceder crédito a la economía real.

El retraso en adoptar las medidas de reforma de bancos y cajas, unido a los titubeos y errores cometidos en algunas de las operaciones de integración de entidades, así como la exagerada exposición a los créditos inmobiliarios, unido todo esto a la velocidad de deterioro de las finanzas públicas y a la falta de respuesta de la Unión Europea a la crisis, se han conjugado para que en el corto periodo que va desde enero a mayo del presente año, el Gobierno haya promulgado dos reales decretos-leyes sobre provisiones obligatorias (RDL 2/2012 y RDL 18/2012) que han puesto contra las cuerdas al sistema financiero y han desvelado la realidad de las entidades, que no podrían sobrevivir a esas exigencias.

El documento de la Autoridad Bancaria Europea de 9 de febrero de 2012, de recomendaciones para restaurar la confianza del mercado (EBA Recommendation 9.2.2012), planteaba la necesidad de una recapitalización con topes mínimos como condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir un sector financiero capaz de hacer fluir el crédito hacia la economía real.

Esta necesidad sigue siendo la prioridad fundamental de la economía de la Zona Euro, ya que la política del Banco Central Europeo de proporcionar liquidez mediante la llamada «barra libre» a la banca, de la que se ha beneficiado el sector bancario (bancos y cajas) español, por un montante superior a los 260.000 millones de euros, solo ha servido para alimentar la espiral especulativa sobre la deuda pública. Realmente ha llegado la hora de que la Unión Europea se plantee un cambio de rumbo en su política de integración, dejando paso a una consolidación de las instituciones fiscales, financieras y económicas comunes.

Como epílogo a esta breve nota, para que no queden dudas entre los ciudadanos sobre lo que realmente ocurrió el sábado, podemos respirar tranquilos por unos días, pues Europa ha acudido al rescate del sistema financiero español, y por lo que parece, a los ciudadanos nos va a costar algo menos de lo que nos iba a costar la nacionalización de Bankia/BFA, pagada con deuda pública al 6%.

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