Tribuna

Cerrado por vulneración de los derechos humanos

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Adela Jiménez Villarejo En el libro Centro de Internamiento de Extranjeros: Cárceles Encubiertas, impulsado por la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, hay una cronología que repasa a los 23 años de existencia del CIE de Málaga. Hace unos días, mientras repasábamos los hechos más importantes que han sucedido en estas dos décadas, sorprendía ver lo que ha tardado el Gobierno en cerrar este centro. No sólo por las innumerables quejas o manifestaciones realizadas por las organizaciones sociales; sino por las incontables denuncias realizadas por el Defensor del Pueblo o la Fiscalía de Málaga, a las que el Ministerio del Interior no ha hecho caso en años.

Y, aún más, por los increíbles sucesos que allí se han producido: desde la sedación de un grupo de 103 personas inmigrantes para su expulsión, hasta el caso aún pendiente de abusos sexuales a internas del CIE. Y es que miles y miles de personas han sufrido en estos años de existencia del CIE vejaciones, falta de atención sanitaria, pérdida de derechos, mala alimentación… En definitiva, un centro –que como el resto de CIE que se mantienen activos en este país– es mucho peor que cualquiera de las cárceles existentes, y en las que sus internos lo son simple y únicamente por haber cometido una falta administrativa, no un delito. En Málaga, además, el CIE se ubica en un edificio en estado de ruina arquitectónica. Un lugar del que sacaron los perros policía por miedo a que sufrieran daños mientras, dejaron a las personas inmigrantes allí recluidas. Hasta el 20 de junio de 2012, por fin.

El cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga es una victoria de la sociedad civil. Un logro de un amplio grupo de organizaciones y entidades sociales, pero también de multitud de personas que han trabajado incesantemente para que no olvidásemos la existencia del CIE pero, sobre todo, para que se entendiera el sufrimiento de las personas allí internadas a las que, recordémoslo, sólo les faltaba un papel. Pero, para estas organizaciones, la lucha no ha acabado. El de Málaga era sólo uno de los nueve CIE de España, por lo que aún quedan ocho por cerrar. Centros que pronto se regirán por un nuevo reglamento impulsado por el Gobierno, y que celebra haberlo redactado con diálogo y consenso, pero que en realidad no recoge ninguna de las propuestas realizadas por las entidades sociales. Un reglamento que no hace más que empeorar la situación de las personas internadas en los CIE, por lo que desde las entidades sociales aún nos queda un largo trabajo para que la Administración atienda a razones. Ojalá no haya que editar nuevos libros ni repasar extensas cronologías. Ojalá la sociedad civil siga consiguiendo victorias y un día cercano estos centros sean sólo un borrón en la historia de los derechos humanos en España.

[Adela Jiménez Villarejo es presidenta de Málaga Acoge]

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