Bajo el eufemismo de ajustes, los Gobiernos central y autonómico quieren difuminar los recortes que sufrirá nuestro país en educación y sanidad. Mientras nuestros honestos políticos subirán los sueldos de los altos cargos, (según se ha aprobado recientemente en los presupuestos generales) sube la prima de riesgo por días y se adjudicará el dinero del recate a Bankia y otros bancos.

Creo que todos estamos de acuerdo en que los Presupuestos no pueden afectar a los servicios básicos de la ciudadanía como educación, sanidad o bienestar social.

Como dice el escritor José Luis Sampedro, «la crisis pasará, por supuesto, pero lo hará a costa del sufrimiento de todos nosotros, porque con la mitad de dinero que pretenden inyectar para que un banco esté lleno, se podría evitar el recorte en lo más importante que hay: la educación y la sanidad».

La ciudadanía en general debe ser consciente de la realidad. Los funcionarios están cansados de ser siempre los que sufran los descuentos de la crisis, aunque a algunos les cueste creerlo lo de ser funcionario no es ningún chollo, y mucho menos ser funcionario docente: los profesores no son ni valorados ni debidamente correspondidos por la Administración Educativa. Es frecuente que un docente trabaje a 200 o 300 kilómetros de su domicilio habitual, teniendo que pagar de su bolsillo un alquiler y demás costes; esto significa además que no existe para este colectivo la conciliación de la vida laboral y profesional; es más a veces, ni siquiera reciben el trato adecuado por parte de los asesores médicos, obligándoles a incorporarse a sus puestos de trabajo aún con una prescripción médica de baja obligatoria, sin más explicaciones que «es obligatoria tu incorporación» bajo amenaza de expediente sancionador.

Por otra parte, los recortes afectarán no sólo a las condiciones laborales de los docentes sino también al recorte de becas: suponen una disminución del 11% del presupuesto destinado a becas y un endurecimiento de las condiciones para obtenerlas, una masificación en las aulas y recortes de planes de integración: afectará a alumnos discapacitados y procedentes de marginación social… y un largo etcétera que los profesores tendrán que soportar (porque no olvidemos que el respeto al profesor está olvidado y el reconocimiento de su autoridad tampoco ha vuelto a las aulas).

¿Cómo pueden nuestros líderes políticos dormir tranquilos? Mientras España zozobra ellos logran la zozobra en sus bolsillos y en los de sus amigos los banqueros; claro está que en esto están de acuerdo los dos principales partidos: Gobierno y oposición, porque ambos tienen que acallar muchas bocas y mantener a muchos amigos de partido en sus puestos, en sus despachos y en sus nombramientos de directores generales, secretarios, y en otros cargos llamados de «confianza». Pero ninguno de los líderes de los partidos se libra de su responsabilidad.

En Andalucía los recortes en educación supondrán el despido de unos 8.000 profesores; y en Málaga y provincia se dejarán de contratar a unos 2.000 profesores interinos; por tanto, la disminución de entre el 25% y el 30% de las partidas educativas está servida.

Aunque el presidente Griñán agradezca en público a los funcionarios el gran esfuerzo que están haciendo, debe saber que sus palabras no contentan a los mismos ni tampoco suena a un sincero lamento; porque ellos, los políticos siguen gastando dinero público sin ningún límite, siguen percibiendo dietas astronómicas por sus desplazamientos y siguen manteniendo un séquito desproporcionado entre escoltas y asesores en cualquier acto oficial.

Si comparamos cifras con otros países de Europa podemos observar que en España lo que sobran son políticos y altos cargos. Sin ir más lejos, Alemania tiene aproximadamente 82 millones de habitantes y 145.500 políticos, mientras España con 46 millones de habitantes eleva su cifra de políticos a 445.568. Es decir, la relación es absolutamente desproporcionada entre ambos países. Claro está que sobran muchos políticos en las cámaras, y distintos ámbitos territoriales.

CSIF ha sido el único sindicato que ha pedido en Mesa General de Andalucía el recorte de subvenciones a sindicatos, partidos políticos y confederación de empresarios; sin embargo aquellos sindicatos llamados de clase no han tenido la suficiente «clase» para suscribirlo. ¡Ahí queda eso! Reflexionen nuestros queridos lectores…

[Ramoni Ruiz es presidenta de Enseñanza de CSIF Málaga]