Necesitamos dar ejemplo de austeridad productiva

Luchar contra el déficit público está en los cimientos de cualquier política de crecimiento, según coinciden en señalar la mayoría de los expertos. Hay que prescindir de gastos inútiles de inmediato. Frivolidades y larguezas de muchos años nos tienen ahora contra las cuerdas. Ningún país ha logrado reequilibrar sus cuentas a base sólo de subir impuestos. Más bien esa receta perpetua la pobreza. Para los malagueños esta hoja de ruta no es nueva pues a la subida de los tributos y recortes realizados por el Gobierno central se le une el segundo plan de ajuste que aprobó Andalucía para cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Ejecutivo central. Mal comienzo porque ambos planes eluden lo decisivo: reformar de una vez una Administración elefantiásica.

La Junta de Andalucía acaba de presentar un plan poco ambicioso para cuadrar sus cuentas, pues aunque se ha reducido la estructura de las consejerías y de sus órganos periféricos, aún queda una larga lista de agencias, empresas públicas y fundaciones de las que su utilidad es más que discutible. La nueva merma del Presupuesto andaluz es de 2.700 millones de euros, de los que 750 saldrán de las nóminas de los trabajadores, que empezarán a notar ya las rebajas desde el mes de julio. Pero renunciar a inversiones, atacar a los interinos y, cómo no, rascar el bolsillo de los ciudadanos no deben ser los únicos recursos para poner fin al despilfarro cuando existen otras alternativas.

Sin embargo, se mantiene casi íntegro un sector público regional lleno de chiringuitos, compuesto por un centenar de sociedades y fundaciones. Aunque la Junta ha reducido de 13 a 11 el número consejerías y de las 96 delegaciones provinciales deja 48, mantiene la estructura administrativa más superpoblada de España, con casi 230.000 empleados repartidos en las 11 consejerías y en más de un centenar de entes públicos.

¿Por qué no nos decidimos a dar a España y a Europa un ejemplo de austeridad productiva cercenando al gasto público ineficiente y nos volcamos de una vez en potenciar aquello que nos debe sacar a flote? La ocasión era inmejorable. No cabe hacer otra cosa y la política necesita recuperar credibilidad resolviendo los problemas de los ciudadanos, no porfiando en las trampas aunque se hayan blindado las políticas sociales.

La economía nunca despegará manteniendo iniciativas artificiales y ostentosas del pasado sino barriendo lo innecesario para financiar con ese ahorro proyectos, como la formación o la investigación, de verdadero rendimiento. El sector público no puede ser el principal empleador de la región, en una proporción abrumadora.

Andalucía concentra casi el 20% de los funcionarios que hay en España, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, lo que se traduce en que el 12,5% de la población regional en edad de trabajar es empleado público. Los presupuestos para 2012 cifran en 239.399 los empleados públicos, de los cuales 215.609 son funcionarios. Esto significa que algo más del 6% de andaluces en edad de trabajar lo hace para la administración autonómica y supone un gasto de personal de más de 9.900 millones de euros, lo que supera el 30% del total del presupuesto andaluz. Quien no asuma que esto precisa una regeneración radical y que feneció la cultura de la opulencia nada entiende de lo que está ocurriendo. Ya no habrá una piscina en cada municipio, ni un museo en cada localidad, ni autopistas a todas partes. Todo eso se acabó.

La caída de los ingresos por el desmoronamiento de la actividad alcanza tintes dramáticos. Los técnicos de Hacienda comentan en privado que el Estado recaudó en mayo menos dinero del que necesita desembolsar para pagar las nóminas. Si la cosa no endereza, dentro de nada estaremos comentando el rescate de España. Entonces los «hombres de negro» de la UE obligarán a ese esfuerzo racionalizador, querámoslo o no, bajo sus propias condiciones. A Mariano Rajoy le recomiendan desde Europa subir el IVA y emplear a fondo la tijera con los bancos y con las pensiones, con los subsidios de paro, con la deducción por vivienda. Lo hace en especial un comisario socialista, Almunia, mientras a sus correligionarios por aquí lo único que les preocupa es mantener momios en pie. Preocupación compartida en todas las comunidades, sean del signo político que sean.

Hay mucho que podar. La Junta trató de hacer fijas a las 20.000 personas pertenecientes a fundaciones y empresas de la llamada «administración paralela». La polémica reforma del sector público que inició para ese propósito puso en pie de guerra a sindicatos y funcionarios. Y aunque recortó el número de estas empresas hay todavía una larga lista de ellas cuya funcionalidad y logros habría que poner en cuarentena. Por ejemplo, todos los sindicatos médicos y los propios colegios profesionales de los facultativos piden el cierre masivo de las fundaciones de la Consejería de Salud que no tienen finalidad asistencial y cuya operatividad es más que discutible. Estos disparates siguen en pie mientras que los ciudadanos pagan ahora un precio desorbitado por la crisis con unos impuestos brutales y situados al borde del precipicio.

El presidente de la Generalitat dice que Cataluña es «la Alemania de España». En un momento crítico, en 2005, Angela Merkel arengó a su pueblo: «Debemos ser el motor y no el enfermo de Europa». Entonces, por increíble que parezca, España crecía cuatro veces más que Alemania, que batía récords de paro, de deuda y de déficit. Los germanos revertieron la situación con flexibilidad laboral, recortes del bienestar y disciplina fiscal, nada que no conozcamos.

El enfermo europeo hoy somos nosotros. La canciller repetía esta semana que los problemas que nos afligen «se han creado en casa y cada uno en casa tiene que resolverlos sin peros ni excusas». Parafraseando a Monnet, precursor del europeísmo, en medio de esta convulsión «lo que importa no es ser optimistas o pesimistas, sino decididos». Con determinación, alguien debería estar convenciéndonos y liderándonos para que la Alemania de España sea Andalucía.