El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nadie podrá discutirle que ha puesto a trabajar tarde y a marchas forzadas a todo su Ejecutivo para salvar a España de la ruina. Nunca antes en la historia de la democracia española se había asistido a un calendario reformista tan amplio y en tan corto espacio de tiempo. Incluso el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el mayor recorte social de este país, se anunciaba ya un calendario hasta finales de año con veinte nuevas leyes. Todos teníamos la impresión de un Rajoy dubitativo, que sesteaba al mediodía con el ruido del Tour de Francia de fondo, y, de pronto, se ha revelado como un político diligente y tenaz por obra y gracia de Angela Merkel.
Su legado venía bien ordenadito en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado. Daba dolor leer las 91 páginas en las que se resume un extenso abanico de iniciativas y recortes con las que el Ejecutivo pretende obtener en dos años y medio hasta 65.000 millones de euros. Pero lo mejor era la letra pequeña, la que no se contó el viernes, y en donde se descubre que quedan recortes por hacer por 8.900 millones de euros; que el bocado a la Ley de Dependencia es brutal; que se elimina la compensación por deducción en la compra de vivienda a quienes compraron antes de 2006; que se multiplican las tropelías contra los más indefensos, los parados. Por citar varios de los ejemplos que no nos contaron y que sí supieron antes inversores internacionales a los que el Gobierno les facilitó el plan de ajuste.
El actual presidente del Gobierno ha repetido los mismos esquemas erráticos que cometió Rodríguez Zapatero cuando negó la crisis una y otra vez y tuvo que afrontar en mayo de 2010 el primer gran ajuste de la economía española ante la amenaza seria de una intervención del país. Rajoy llegó al poder con el convencimiento de que sabía lo que había que hacer, incluso tiró de su su ya célebre «haré una política económica como Dios manda», y al sentirse bendecido por la gloria eterna no adoptó ninguna medida trascendental convencido de que sus recetas eran válidas sin la ayuda de Europa para sacar a España de la gran recesión. Erró. Rajoy, al igual que lo fue Zapatero, es ya un títere de la «troika» europea que nos tiene formalmente rescatados y que desborda una y otra vez las líneas rojas que quizás ningún gobierno español hubiera cruzado, lo que supone un grave atentado contra la dignidad de los ciudadanos.
El pasado miércoles Rajoy bajó de las nubes celestiales para reconocer en el Congreso de los Diputados lo que día tras día distintos miembros de su ejecutivo habían negado: la intervención europea sobre la economía española es un hecho. El rescate bancario conlleva 32 condiciones de difícil digestión por parte de los ciudadanos sin saber a ciencia cierta si servirá de algo, ya que todas las medidas aprobadas por Rajoy afectan de forma especial al consumo de las familias. Y a menor consumo, menos ingresos, menos actividad económica y más paro.
De lo que nadie habla es de cómo salvar a los ciudadanos de la nefasta gestión de una buena parte de nuestros gobernantes que durante años y años, sin distinción de partidos, han dirigido este país como si fuera su cortijo particular, subidos a la noria del despilfarro, del gasto no productivo y colocando a mansalva en las administraciones públicas a amigotes, familiares y militantes de sus partidos sin ningún tipo de cualificación profesional para esos puestos que se pueden cubrir con esos funcionarios tan despreciados que obtuvieron su plaza por oposiciones. Muy gráfico resultó el viernes el ministro Cristóbal Montoro cuando anunció que se cargaban las mancomunidades por ser unas instituciones «opacas» y agencias de colocación de cargos de los partidos. Se le olvidó hablar de las cientos de empresas públicas y fundaciones que se multiplican en todas las comunidades y que se tragan cientos de millones de euros públicos todos los años sin que se demuestre una utilidad vital en la mayoría de ellas. Esta reforma aún queda pendiente, pero como su respuesta no es inmediata para sanear las arcas del Estado resulta más fácil meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos con la subida del IVA.
Y lo que sí parece cada vez más claro es que ninguno de los tijeretazos que se han aplicado hasta ahora hayan conseguido resucitar la economía ni reducir las interminables listas de desempleo. El incremento del IVA, el retoque que sufrirán los planes de jubilación, la reducción de las prestaciones por desempleo o los ataques salariales a la función pública confirman que la estratosférica factura del rescate bancario y el no menos abultado coste de la crisis lo pagaremos los ciudadanos. Y, si son funcionarios, su desembolso será mayor, ya que a la poda de sueldos que empezó el PSOE de Zapatero se une ahora la supresión de la paga extra de Navidad que les impone el PP más la reducción del salario que aprobó la Junta de Andalucía.
Rechazo a la subida del IVA. Ante el descomunal desfase entre ingresos y gastos públicos, el Gobierno de Rajoy ha tirado por el camino más fácil para captar más recursos de forma inmediata sin sopesar la injusticia social de la medida. En general, los impuestos directos siempre son más justos al ser proporcionales a las rentas percibidas y al patrimonio. Los impuestos indirectos los «pagan» los consumidores de bienes y servicios por igual sea cual sea su estatus económico. El Gobierno quiere justificar esta alarmante subida de los tipos del IVA asegurando que en el resto de Europa el IVA es más elevado, pero se les olvidó incluir en su argumentario que el salario medio (por ejemplo, en Alemania o en Francia) es el doble que el español. La subida del IVA hará a los españolas más pobres, pues con los mismos salarios (o con menos) tendremos que cubrir parte de nuestras necesidades básicas a precios más elevados. Y encima la subida afecta especialmente a los productos relacionados con el ocio, el único placer que quedaba en una España con más de 5,6 millones de personas «ociosas».
Pues, según el Gobierno, los que están parados disfrutan de su estatus y por eso les rebajará al 50% la tasa de prestación por desempleo a partir del sexto mes en paro para «activar» (tiene bemoles) la búsqueda de trabajo. Después de lo del cafetito de los funcionarios del secretario de Estado Antonio Beteta y del famoso «¡Qué se jodan»! de la impresentable diputada del PP Andrea Fabra es de lo más indignante que se ha escuchado.
Quizás lo justo hubiera sido que el aumento de ingresos recayera de modo más relevante sobre los ciudadanos con más recursos o que se actuara contra los defraudadores en vez de animarles a estafar a todos los españoles con una amnistía fiscal. Tiene narices. Y caminos diferentes los hay, cosa distinta es que la ideología o la necesidad de ingresos rápidos pese más que el bienestar de los ciudadanos. Hollande ha credao en Francia un impuesto a las grandes fortunas y Obama redujo impuestos a las clases medias y los subió a las familias con más recursos.
Ante este panorama desolador sólo cabe esperar un milagro para que las drásticas medidas nos saquen del pozo en el que nos hallamos. Queda pendiente la reforma de la administración pública, ese elefante gigantesto que depreda cientos de miles de millones de euros. Mariano Rajoy afirma que esta vez servirán para iniciar la remontada, aunque lo que necesitamos, tras tantos incumplimientos, ya no son palabras sino hechos ciertos pues todos temenos que si les vuelven a fallar las previsiones de ingresos, acudirán una vez más a nuevos recortes para «equilibrar» las cuentas públicas. Los ciudadanos ya no pueden más.
Juande Mellado es director de La Opinión de Málaga
