Las autonosuyas

Manuel Arias Maldonado Este año, ni el amarillismo de papel cuché con el que nuestros medios suelen salpimentar sus veranos va a librarnos de una crisis que reclama diariamente todo el protagonismo. Es, de hecho, una crisis multiforme que no deja de proporcionar nuevos matices, variantes no por esperadas menos aterradoras, al situarnos en la antesala del rescate total de nuestra economía. Así que vamos de susto en susto hasta el espanto final, que en nuestro caso no será sino el resultado lógico de las acciones y omisiones de la última década, si no del último medio siglo.

Esta vez, junto a una creciente agitación social que nos aproxima peligrosamente a Grecia y que conoce episodios tan vergonzantes como la intransigencia de los taxistas madrileños en huelga con los compañeros que no la secundan, la nota la han dado las comunidades autónomas que han pedido al gobierno central que las salve de la bancarrota. ¡Incluida, ay, Cataluña! Lo que, naturalmente, ha vuelto a poner en el centro de la escena una fórmula constitucional cuyo desarrollo histórico puede considerarse más bien fallido.

Ya sabemos aquello que las comunidades autónomas, o sea, las personas que han ocupado el poder en ellas, han hecho mal. Han fomentado el clientelismo; han jugado al hermetismo, despreciando la rendición de cuentas más elemental; han fundido partido e instituciones; han enarbolado la bandera del provincianismo más rancio, empleando medios de comunicación y escuelas para el adoctrinamiento ideológico; han gestionado mal o regular, según los casos, los servicios públicos; y han gastado alegremente y desarrollado una administración paralela para dar empleo a los fidelísimos al partido correspondiente. ¡Todo ello, sin que los ciudadanos hayan dicho esta boca es mía! Sabemos también que el diseño constitucional, más abierto que cerrado, no ha contribuido a la delimitación de competencias y responsabilidades. Y que la distorsión permanente creada por los nacionalismos históricos ha generalizado unos máximos reivindicativos que han terminado por dar a nuestro país un aire ridículo de patio de colegio.

No digamos ya cuando se externalizan (hacia Madrid) todos los problemas y se internalizan (hacia Barcelona, Sevilla o Valencia) todas las virtudes. Esto último, de hecho, ha dado lugar a una curiosa práctica política, que habría entusiasmado al mismísimo Maquiavelo: hacer oposición mientras se gobierna. ¡No andan miembros comunistas del gobierno andaluz ocupando cortijos, en una escena que mezcla a Passolini y a Berlanga! ¡No pide Artur Mas un concierto fiscal la misma semana en la que solicita el rescate al Tesoro español! Así es todo, año tras año.

Llegados a este punto, hay que formular la cautela habitual, una fórmula ya casi de manual: nada de lo anterior significa que haya que desmantelar el Estado de las Autonomías. Para empezar, por razones prácticas; pero también porque esta distribución territorial del poder refleja una dimensión significativa de nuestra historia y merece la pena conservarla. Ahora bien, una cosa es conservarla; otra, no discutirla. Y en nuestro país, cualquier crítica al diseño autonómico es generalmente recibida con agresividad y nerviosismo. Esto es, precisamente, lo que no puede ser. O no debiera.

Nos encontramos aquí con otro efecto colateral negativo de la dictadura franquista. Ya que ésta adoptó una fórmula centralista, cualquier conato de recentralización es considerado anatema por una parte considerable de la opinión pública. ¡Recentralizar es franquista! Pues oiga, no. Es franquista, en todo caso, negarse de plano a discutir el reparto idóneo de competencias entre Estado central y autonomías. De lo que se trata es de concluir, con la experiencia de estas tres décadas en la mano, qué funciona mejor y cómo podemos garantizar que las autonomías cooperan entre sí y son debidamente coordinadas por una instancia central.

Y si resulta que urbanismo o educación deben volver a la administración central, pues no pasa nada: lo importante es que el sistema social, en su conjunto, funcione, no de ganar la guerra civil cada semana o de honrar a Tarradellas, Blas Infante o quien corresponda en cada región con aires de grandeza.

¿Podemos ser racionales, por una vez, rediseñando el Estado de las Autonomías conforme al interés general en vez de someternos al orgullo local o a las siglas del partido? Ojalá pudiera responder que sí; pero temo que no.

Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga