Un plan para no sucumbir

Las palabras del presidente del BCE, respaldadas por los gobiernos de Alemania y de Francia, han sido recibidas con señales de alivio, incluso de euforia, en los mercados. Al parecer, bastaba con decir: «Haré todo lo necesario para preservar el euro». Cabe preguntarse por qué si resultaba tan sencillo invertir la cuesta abajo de la bolsa y la escalada de la prima de riesgo, letal para España pero también para Italia, Draghi tardó tanto tiempo en administrar su pócima.

Es evidente que la solución final no depende sólo de nosotros, pero tan importante como la ayuda de las instituciones comunitarias y el crédito de los inversores es la confianza que los españoles logremos recuperar en nuestra propia capacidad para volver a crecer con un plan de amplio consenso, realista y creíble, que tras tantos años de engaños nos conduzca a una prosperidad que no sea otro espejismo.

Los ciudadanos tienen razones para sentirse, además de golpeados por los acontecimientos económicos, desesperanzados, dada la escalada del paro, la falta de respuesta de los gobiernos sucesivos y las escasas perspectivas que España tiene de recuperarse en un futuro a corto y medio plazo si no se actúa con decisión y sin temor a descubrir nuestras vergüenzas para no volver a incurrir en ellas. Cada vez son más los analistas que coinciden en que el crecimiento para sacarnos del atolladero e introducirnos en un círculo virtuoso no surgirá sólo de la reducción del déficit si no se aplican las reformas necesarias en todos los órdenes, incluida en nuestra condición de ciudadanos.

Aun aplicando medidas muy duras y terriblemente impopulares, el Gobierno no ha tirado todavía por el camino de una renovación imprescindible, basada en un plan convincente que elimine las prebendas y nos sitúe a todos en igualdad de condiciones a la hora de apretarnos el cinturón y también cuando llegue el momento de repartir beneficios tras las dificultades que estamos pasando. Parece como si su única solución ante los ajustes urgentes que no han dejado de reclamar los socios comunitarios fuese la de subir los impuestos, medida que puede acarrear incluso que tributando más se recaude menos debido a una fiscalidad que persigue gravar a unos mientras deja que otros evadan sus obligaciones ante el fisco.

La economía sumergida sigue creciendo al mismo tiempo que los ciudadanos no encuentran mejores salidas, y cada vez son más los que buscan mantener sus ingresos a costa de engañar a la Hacienda pública. Por causa de la recesión y del fraude se recauda al nivel de 1988, cuando el gasto público en servicios, mantenimiento de infraestructuras y prestaciones se ha incrementado de modo superlativo. La amnistía fiscal anunciada por el Ejecutivo para hacer aflorar el dinero oculto, además de un presumible fracaso, no ha contribuido precisamente a dar ejemplo a los contribuyentes. La opinión más generalizada es que el Gobierno no tendría que tocar tanto los impuestos y sí recortar considerablemente la factura pública, entre otras razones porque la experiencia demuestra que reducir el gasto corriente y las subvenciones tiene un efecto positivo mayor que elevar la presión fiscal.

Y eso es lo que no está haciendo el Ejecutivo de Rajoy, que cuando se trata de discutir el déficit para los próximos años tiene que enfrentarse, no sólo a las autonomías de distinto color político, como Andalucía, sino incluso a algunas de las gobernadas por su propio partido. Las dificultades del Gobierno para imponer sus ajustes están siendo proverbiales. La alarma que este guirigay causa en los inversores no deja de ser hasta cierto punto lógica. La penuria que arroja el hecho de que Valencia, Murcia y Cataluña –de momento– pidan el rescate a un Estado ya de por sí casi intervenido, la desfachatez del Parlamento catalán al exigir al mismo tiempo una privilegiada financiación a la vasca, no hacen más que arrojar nuevos signos de desconfianza a los mercados.

Pero incluso si el Gobierno se decidiese a impulsar la reforma autonómica necesaria recortando el gasto del abusivo modelo territorial, no serviría para ir sentando las bases de un crecimiento que compense el enorme sacrificio de los ciudadanos. Éste tiene que venir empujado por cambios profundos en la estructura productiva. Hace falta reactivar las exportaciones y el consumo, que, sin embargo, se verá afectado por la subida del IVA y los recortes salariales. Como ha mantenido el Gobierno, aunque no se le vea prisa en llevarlo a cabo, la reducción de las cotizaciones sociales debería servir para relanzar las ventas españolas fuera.

El país ha vivido en una burbuja de la que se han contagiado los consumidores. De ahí la enorme deuda privada. El ladrillo, beneficiado por la liberalización del suelo en 1998, trazó el camino de la productividad en una sola dirección. El expresidente del Gobierno Felipe González denunció últimamente cómo este hecho fue determinante del desmadre en la etapa de Aznar y cómo Zapatero se dedicó durante ocho años a apagar el incendio con gasolina. Como si González no hubiese tenido nada que ver en el devenir de España. Como si no hubiera nada que objetar cuando gobernaba su compañero de partido y sus palabras podían haber promovido una reflexión dentro del PSOE. El discurso político de las dos últimas décadas ha sido calamitoso y no ha conseguido más que crear incertidumbre.

Al Gobierno, a la oposición, a las autonomías, a los ciudadanos, a todos corresponde enmendar los errores del pasado. Aunque existan motivos, no cabe rendirse a la desesperanza. Tras el escándalo de Bankia, hay que exponer al país un plan de esfuerzos y sacrificios, pero que ilusione por ofrecer luz al final del túnel. Con unos bancos capitalizados el crédito podría fluir de nuevo hacia el sector privado, que con ello recobraría la financiación para que España crezca en el contexto más difícil al que se ha enfrentado en su reciente historia. Es un paso al que habrán de seguir otros. Entre ellos, rebajar el excesivo poder de los partidos en el sistema y elevar nuestra conciencia cívica para exigir a los políticos que sean el espejo de sus votantes. Tenemos graves problemas, pero somos capaces de resolverlos democráticamente sin caer en la desesperación y sin confiar en los salvapatrias que se ofrecen ya en el horizonte.