Recientemente se concedía en un diario una entrevista a José Luis Ruiz Espejo, nuevo delegado provincial del Gobierno andaluz, en la que aseguraba desconocer el escandaloso listado de afines al PSOE de la Junta de Andalucía. «No es un tema del que tengamos que hablar», añadía, tratando de restarle importancia y obviando que posiblemente transgreda la ley.

Personalmente no tengo inconveniente alguno en facilitarle el documento interno, elaborado en el seno de su propia administración, esa de la que parece no formar parte. Aunque también le sugiero, no sólo a él, sino a todo el equipo del Gobierno andaluz en Málaga, que intercambien siquiera opiniones sobre el incómodo asunto, y abandonen la excusa del «yo no sé nada»; una coletilla que, desde que la Fiscalía Provincial investiga el caso, ha sustituido al «es algo normal».

Normal debe ser para la Administración sostener hasta lo ridículo cualquiera de estas dos posturas. Sin embargo, debe una explicación sobre el listado de la desfachatez, como la debe de la subvención de 15,5 millones de euros a una fundación extinta. Sobre este tema, Ruiz Espejo aseguró también no tener ni idea. Me pregunto de qué estará al tanto. Porque imagino, sin mucho esfuerzo, que desconoce igualmente por qué se ocultan los ingresos por productividad de los altos cargos del SAS; datos que por escandalosos, intuyo, es mejor no dar a conocer a la ciudadanía, más aún en tiempos en que la administración andaluza olvida sus compromisos sociales con asociaciones, aulas matinales, guarderías, etc.

Es cuanto menos preocupante el oscurantismo en la gestión de la administración pública andaluza, plagada de enredos y fraudes de los que no conocemos más que una irrisoria parte y cuyas consecuencias acaban recayendo íntegramente sobre el trabajador y la ciudadanía. Aunque sólo fuera por respeto a ambos, la Junta de Andalucía debe una explicación. Así que me temo, señor delegado, que sí hay que hablar.

Porque cuando queremos hablar hablamos, otra cosa es qué decimos. Como ocurrió en la reunión mantenida el miércoles pasado con sindicatos, a la que el delegado no convocó a CSI-F, sindicato mayoritario en la función pública andaluza, para tratar temas de sanidad, educación y defensa del empleo público en Andalucía.

En ella explicaba los esfuerzos de la administración autonómica para no desprenderse de 30.000 empleados públicos (esfuerzo que es de agradecer, en estos momentos no es fácil mantener el empleo público y privado).

Pero si se habla, hablemos. Esos 30.000 empleos públicos corresponden a la administración paralela (fundaciones, empresas públicas, agencias, etc) que el Gobierno andaluz ha venido creando al margen del control administrativo y con «ofertas» de empleo que si algo no fueron fue «públicas», y donde los méritos no eran de los «aspirantes» sino de los simpatizantes.