Hace pocos días un ilustrado responsable político del PSOE llamó abertzales a los miembros del Partido Popular porque decidimos que las instituciones que gobernamos abandonaran la FAMP de forma ordenada y pacífica, sin aspavientos, pataletas u otro tipo de numeritos. Cabe preguntarse cuál sería entonces el calificativo, según el Sr. Conejo, para aquellos que han tenido secuestrada esta entidad durante más de año y medio, impidiendo que sus legítimos representantes tomaran sus riendas y la pusieran, de una vez, al servicio de los ayuntamientos y diputaciones andaluzas para lo que, por cierto, fue creada hace casi treinta años. Porque en todo este tiempo, si a algo o a alguien ha servido la FAMP ha sido al gobierno socialista de la Junta de Andalucía y a sus intereses, que ha hecho de ella la mejor valla publicitaria de sus políticas.

El Partido Popular ganó las pasadas elecciones municipales con un amplio margen que dejó en nuestras manos la responsabilidad de gobernar las ocho capitales de provincia, cinco de las ocho diputaciones, 22 de las 25 ciudades más pobladas. Además, estos resultados nos han permitido hoy administrar los intereses de más de cinco millones y medio de andaluces, para lo bueno y para lo malo, porque con la que está cayendo sobra resaltar el importante reto que ello ha supuesto. Pero el PSOE se negó desde el principio a reconocer esta victoria y a asumir la pérdida de importantes parcelas de poder local y provincial, lo que le ha llevado al extremo de aferrarse a cualquier resorte que pudiera controlar, aunque para ello tuviera que recurrir a estrategias poco ortodoxas en una democracia, cuya solidez en Andalucía y con casos como éste es cada vez más cuestionada.

Aquel 22 de mayo el PP también ganó las elecciones municipales en toda España y en la FEMP se produjo una transición tranquila, sosegada, con la normalidad que cabe esperar cuando es otro partido al que le toca, con la legitimidad de las urnas, estar al frente de órganos o entidades como ésta. En Andalucía, los de la poltrona no lo entendieron así y durante este tiempo la FAMP ha representado cualquier cosa menos el municipalismo andaluz, porque quién la controla, que no gobierna, no es el partido en quién han depositado su confianza la mayoría de los andaluces para gestionar sus ayuntamientos y diputaciones.

La federación española se constituyó en el mes de septiembre de ese mismo año y, según los Estatutos de la FAMP, su asamblea para, entre otras cosas, renovar sus órganos, debía celebrarse con anterioridad. En aquel momento, al PSOE le faltaba tiempo y le sobraba codicia. Su desmesurado afán por no perder éste de sus muchos cortijos le llevó a retrasar esa convocatoria hasta que le salieran las cuentas. El PP, a priori, contaba con una mayoría absoluta, que podía perder con pactos que el PSOE cerrara con otras fuerzas políticas e hiciera cambiar el color de diferentes consistorios andaluces. A ello había que sumar las mancomunidades, que una vez constituidas, después de ayuntamientos y diputaciones, incorporaron como churros las más de 40 que aún no formaban parte de la federación andaluza, porque su capacidad de voto sería también proporcional a la población que representa, es decir, que sus votos contarían como los de ayuntamientos y diputaciones. Así sí, la balanza se inclinaría a su favor. Una auténtica ilegalidad, ya que habría municipios que, perteneciendo a más de una mancomunidad, tendrían el número de votos que le correspondiera por población, pero además votaría como miembro también de cada una de las mancomunidades de las que formara parte. Esta cuestión, junto con el retraso de la convocatoria de asamblea, fue llevada por nuestro partido a los tribunales y aunque aún no hay pronunciamiento judicial alguno, nuestra postura no ha variado un ápice.

La Asamblea se convocó en noviembre, pero antes PP, PSOE, IU y PA se reúnen en Antequera y acuerdan la representación de los cuatro partidos en la ejecutiva y una presidencia alternante entre Partido Popular y Partido Socialista. Un acuerdo que la propia formación socialista hizo añicos el mismo día de la Asamblea que, finalmente, fue un fracaso y llevó al bloqueo absoluto de la Federación hasta el día de hoy. Bueno el de hoy o el de la semana pasada, cuando el presidente en funciones, o mejor dicho, el presidente de las disfunciones, dimite dejando la dirección de la organización al PP, en la persona de su vicepresidenta, Ángeles Muñoz. Pero no nos equivoquemos, Toscano no es que se haya ido, es que hace año y medio que no debía de estar donde estaba.

La polémica se sirve a la opinión pública totalmente desenfocada y lo siento por quienes tienen la responsabilidad de informar como oficio. El debate, que no está en la calle sino en las columnas de opinión, no debe ser que el PP abandone o permanezca en la FAMP. El quid de la cuestión es rechazar o dar continuidad al modelo de servilismo y partidismo de organizaciones como ésta que también se financian con dinero público. La clave está en que tenemos la oportunidad de que la FAMP funcione, sea operativa y útil para los destinatarios últimos, que siempre serán los ciudadanos. El Partido Popular tiene claro que hace falta un cambio profundo en la FAMP, una modificación sustancial de sus estatutos, para dotarla de un carácter más institucional y para que esté al servicio de ayuntamientos y diputaciones, que tanto lo agradecerían en momentos como éstos. ¿Estamos a tiempo y en disposición de hacerlo? Con voluntad todo es posible y, como dijo, el presidenciable Rodríguez Villalobos «no hay tiempo para el entretenimiento o el despiste», aunque ellos lleven año y medio entretenidos en cómo no perder la FAMP y eso les haya costado perderla en el primer despiste.

Patricia Navarro es Senadora del PP por Málaga