Columna abierta

Retorno a la ´sharia´ franquista

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Guillermo García-Alcalde A los egipcios no islámicos pretenden imponerles la sharia mahometana y a los españoles no peperos la sharia franquista. Ambas comparten el vértigo de afrontar crisis diferentes con pasión liberticida, pues tanto mutila la libertad el situarse por encima de los jueces como destruir la cohesión social laminando derechos consolidados al cabo de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. La última sinvergonzada del Gobierno español es descubrir la mentira de su solemne y mil veces repetida promesa de revalorizar las pensiones. Iban a corregir la medida congeladora de Zapatero, y también han hecho todo lo contrario apenas quedó despejado el horizonte de incómodas elecciones regionales y posibles votos de castigo. Cuando no hay libertad, todo queda desvalorizado. Imposible e inútil, por tanto, sería destacar valores de la sharia franquista aunque parezca común creencia que su sistema laboral era menos injusto. Pero el retroceso a otros niveles tampoco es venial: rectores universitarios a punto de ser nombrados por el gobierno, jueces a un paso de ver políticamente condicionada su independencia, leyes sometidas a entredicho (estatutos autonómicos, aborto, matrimono homosexual), firmes derechos manipulados como si fuesen concesiones revocables (asistencia social o gratuidad de la salud, la educación Y la justicia) y otra vuelta de tuerca a la pobreza con las pensiones que no recuperan el coste de la vida. El Pacto de Toledo ya es papel mojado. Los contenidos sociales de la Constitución empiezan a serlo.

Casi nada de lo que ocurre figuraba en los programas electorales. La mentira es históricamente liberticida y fundamentalista. Desprecia la sensibilidad social cuando habla de 600.000 familias liberadas durante dos años del pánico al desahucio, cuando son 120.000 las aludidas por una norma improvisada y efímera que deja a un lado la reforma de la Ley Hipotecaria y no garantiza en el mismo plazo una opción de empleo como premisa para amortizar los préstamos. Un diputado conservador habla en el Congreso de «lanzamientos» para eludir metafóricamente la basura antisocial añadida a la voz «desahucio». Un ministro o ministra sale a decir que no fue posible revalorizar pensiones, a una semana escasa de jurar que lo serían. Se elevan voces estamentales, no individuales, contra esto o aquello –la clasista reforma de Wert, el bochornoso indulto de Gallardón a los «mossos» torturadores, el cinismo autojustificatorio de Báñez– y la respuesta común es que no se metan en las competencias del Gobierno.

¿Para quién gobiernan, entonces? La misma pregunta se hacen los egipcios demócratas en la plaza Tahrir. Es el interrogante medular de una disidencia española que crece, y ojalá llegue a tiempo de salvar al menos una parte de los muebles cuya quema confunden Schauble, Rehn, Lagarde o Gurría con los «deberes bien hechos», único estribillo al que presta oídos nuestro invicto y mendaz presidente.

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