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Juzgado de guardia

Justicia y pedagogía

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José Antonio Sau Los lectores más insistentes recordarán aquella novela de Miguel de Unamuno titulada Amor y pedagogía en la que éste trataba de presentar, a través de una ficción a ratos hilarante y otras veces trágica, las fricciones existentes entre una devota madre cristiana y un padre amante de los principios educativos de los albores del siglo XX, una lucha que se concentró en su hijo, campo de pruebas de la eterna discusión entre razón y religión. Parece que algo así está ocurriendo con los jueces, que han perdido el miedo atávico a la prensa para empezar a explicarse a sí mismos ante la sociedad, a contarle al ciudadano de a pie en qué consiste su trabajo, cuáles son las dificultades que éste extraña y cómo sus decisiones afectan, y mucho, a la vida diaria de cualquier persona.

La transparencia, como siempre ha defendido el antiguo fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, siempre ha sido la mejor medicina contra el oscurantismo, y una garantía para el ciudadano, que tiene en la publicidad de los juicios la seguridad de que va a poder saber en qué campo se juegan sus derechos.

Desde hace años, los tribunales han recorrido un lento pero rentable camino desde el axioma defendido por algún jurista de prestigio acerca de la necesaria separación entre juzgador y justiciable y la conciencia, labrada a golpe de titular, de que los órganos judiciales necesitaban un gabinete de prensa que sirviera de puente entre los medios que cuentan el día a día del servicio público de Justicia y los protagonistas de esas informaciones, jueces y fiscales. Observen cómo cada vez hay más responsables judiciales en todo tipo de espacios mediáticos.

Lo cierto es que desde hace años los jueces han adquirido la seguridad de que deben hacer pedagogía de su profesión, y son conscientes de que la prensa, pese a tener la obligación de criticar sentencias y decisiones procesales, también puede ser una aliada para presentarlos como lo que realmente son: personas con problemas como todos a los que también les afectan los recortes.

El último paso de esa reflexión colectiva que ha llevado a la judicatura a mojarse lo hemos visto recientemente, cuando los desahucios han saltado a los titulares por los suicidios de algunos de sus protagonistas. Los jueces, amén de los colectivos sociales directamente implicados en el problema, alzaron la voz para pedir numerosas medidas que atenúen o maticen la Ley Hipotecaria. Al final, el Gobierno ha cocinado un decreto lamentable que no soluciona nada. También han atacado las tasas judiciales –las quieren más moderadas– y proponen numerosas medidas para la reforma urgente de la Justicia, un servicio que necesita más pedagogía.

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