A la Junta de Andalucía no le bastaba con aprobar aquella malsonante normativa del POTA, cuya aprobación suscitó tanto rechazo incluso entre los propios alcaldes socialistas. El Plan de Ordenación del Territorio Andaluz supuso poner puertas al campo, condenó a no pocos municipios de nuestra comunidad a guardar en los cajones de sus ayuntamientos sus proyectos de futuro y a dejar, por tanto, en punto muerto sus planes de crecimiento y expansión. Esto se tradujo también en la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo y riqueza.
Esta semana el Parlamento de Andalucía ha convalidado, con la excusa de proteger el litoral, un decreto que ahonda en la misma filosofía cortaalas del POTA. La frenada en seco que provoca para el desarrollo y progreso de Andalucía este nuevo texto legal es considerable. Además, se tramitó como decreto y no como proyecto-ley, tal como propuso el Grupo Parlamentario Popular para mayores garantías en su aplicación. Una cuestión que no es baladí, teniendo en cuenta que afecta a todos aquellos municipios de la costa andaluza, concretamente 52 (con los que, por cierto nadie ha hablado) que aún no han adaptado sus planes urbanísticos al mencionado POTA, en buena parte por las interminables trabas administrativas y enredos burocráticos en que se hayan inmersos. Las consecuencias para nuestra provincia es que en once municipios no verán la luz, al menos por ahora, más de 30.000 viviendas y 8.000 plazas hoteleras. A esto hay que añadir infraestructuras tan básicas, proyectadas hace años y aprobados por la propia Junta, como el Hospital Mijas-Fuengirola, otras cruciales para el abastecimiento de agua de esta zona como la desaladora, o equipamientos deportivos previstos en otros lugares como Rincón de la Victoria.
Es curioso que cuando el Gobierno de la nación está a punto de aprobar la modificación de la Ley de Costas, que acabará con el desasosiego con el que han vivido durante décadas propietarios de inmuebles en la franja costera y de negocios de restauración como los chiringuitos, el bipartito andaluz legisla en sentido antagónico. Una evidencia más de la permanente política de confrontación con el gobierno de Rajoy que practica en Andalucía con descaro y sin ningún pudor el Partido Socialista. El avance que supone la reforma de la Ley de Costas choca de manera frontal con la inseguridad jurídica que provoca este nuevo decreto para cualquier inversor que pueda estar interesado en depositar su capital o situar sus bienes en nuestra tierra. Y es que con lo primero que se toparía sería con un marco normativo cambiante, en el que frecuentemente donde dije Diego, ya se sabe.
Las localidades donde, precisamente y aprendiendo de errores cometidos en el pasado, se está apostando por el desarrollo sostenible y ordenado, son con las que más se ceba el decreto. Se detiene la explotación controlada sobre la que tanto estudios y proyectos existen de zonas con no pocas potencialidades, como es la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Esta comarca cuenta con un plan de ordenación específico diseñado por la propia Junta en el que se contempla a Nerja y Vélez como polos de dinamización turística. Conviene recordar que, para que haya turismo, deben existir servicios, infraestructuras y equipamientos de calidad que aún no han llegado a esta zona de la provincia y, por lo visto, ni llegarán. El decreto se carga de un plumazo un total de 7.600 plazas hoteleras en ambas localidades, el 95% del total que paraliza en la provincia, lo que supone que son los más perjudicados en cuanto a proyección turística. La comarca que más tendría que crecer en los próximos años y donde más promesas incumplidas acumula el PSOE, sus dirigentes políticos y el ejecutivo regional, es también la de mayor concentración de viviendas ilegales. Un problema derivado de la dejación de funciones que, durante más de treinta años, ha hecho la Junta de sus competencias en materia de control y disciplina urbanística. La solución vino de la mano de otro decreto justo antes de unas elecciones, momento que propiciaba un espíritu totalmente contrario a éste recién aprobado, ya que permitió una regularización masiva. Esto, sin embargo, no afectó a sus conciencias ecologistas.
El consejero Planas presentó esta semana en el Parlamento el decreto de Protección del Litoral, refiriéndose a Andalucía como «Comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio». No creo que pueda encontrar un solo ejemplo que avale esta afirmación. Además, a este paso en lo que jamás seremos pioneros es en progreso y generación de oportunidades de empleo y de futuro, ni para los andaluces ni para aquellos a los que, con acciones como ésta, le ponemos cada día más difícil venir a vivir entre nosotros y contribuir al avance de esta Andalucía nuestra.
Patricia Navarro es Senadora del PP por Málaga
