Editorial

Más compromiso ante la alarma social

Ya son dos las personas en la provincia de Málaga que, agobiadas por las deudas con los bancos, deciden quitarse la vida. En su momento, la iniciativa del Gobierno contra desahucios forzosos pareció paliar la situación. Está claro que es totalmente insuficiente

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Segunda persona en la provincia de Málaga, en un brevísimo intervalo de tiempo, que se quita la vida agobiada por las deudas con los bancos. La cuarta en España. El viernes fue una mujer de 52 años, con un negocio quebrado y una madre anciana y enferma a su cargo. Había recibido una carta con aviso de embargo y sufría una depresión. Se tiró por el balcón en la barriada de los Corazones. El sábado, fue un hombre de 47 años en Ardales el que se quitó la vida. Casado y con dos hijos, se encontraba desde hacía dos años en el desempleo, al igual que su esposa y uno de sus vástagos. Trenzó un acuerdo con el banco para solucionar la situación tras no ser capaz de afrontar cuatro cuotas de su hipoteca.

No tendría que irse de su hogar y pagaría un alquiler, según fuentes de la entidad bancaria. Sin embargo, la enorme losa de la deuda hizo mella en su ánimo. Centenares de vecinos se concentraron ayer en repulsa por esta muerte, tratándose además de una persona muy conocida y apreciada en la comarca. Todo esto está generando una enorme alarma social y la percepción tanto de que es un problema de primerísima magnitud como de que no se está haciendo lo suficiente para solucionarlo. Ni por el Gobierno, ni por los bancos, ni por las propuestas de la oposición. No es sólo el posible desahucio, es más: un cóctel grave y sin parangón para muchas familias, compuesto por la falta de trabajo, las deudas, la incertidumbre, la amenaza no sólo de embargo, sino también de una posible pérdida de la vivienda aunque se siga viviendo en ella, a lo que se añade la depresiva falta de perspectivas y horizontes para salir de la situación.

De una situación de crisis para la que no se atisba salida cercana. El anuncio efectuado tiempo atrás por el Gobierno de la creación de una norma específica para impedir los desahucios forzosos en momentos extremos pareció tal vez entonces paliar el problema. Es insuficiente. En el caso de Málaga, los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que el pasado año se cerró con un récord de 3.280 desahucios y este 2012 va camino de superar ampliamente esa cifra. Si la media de desahucios en 2011 fue de 68 a la semana, en lo que llevamos de este 2012 se ha disparado hasta los 79. Para el conjunto de España, y según los datos ofrecidos ayer por el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, en 2012 han aumentado un 134,13% las ejecuciones hipotecarias (paso previo a los desahucios), «con la consiguiente creación de un conflicto social», como el mismo Moliner bien diagnosticó.

Con los datos en la mano parece evidente que la respuesta del Ejecutivo no alcanza para poner fin a este drama, por lo que será necesario seguir legislando para acabar con él. Fue la denuncia de un grupo de jueces y la presión de los medios de comunicación recogiendo estos dramas personales lo que llevó a los partidos políticos a reaccionar ante la gravísima desazón de cientos de miles de familias españolas. Reacción a medias. Ahora habría que pedir también más sensibilidad a una banca que ya ha recibido 60.000 millones de ayudas públicas y algunas, procedentes de Europa, a un interés ridículo. Urge subsanar la desprotección de los deudores y un esfuerzo colectivo en la medida cada cual de sus posibilidades, de prevención de estas situaciones que tanto están conmoviendo a la sociedad y haciendo sufrir o perder la vida a no pocos.

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