Tribuna

Crear problemas artificiales para no solucionar los reales

 

Gerardo Pérez Sánchez La educación es el pilar más importante sobre el que se construye una sociedad verdaderamente libre. Lo afirma cualquier persona que, desintoxicada de consignas partidistas, haya estudiado el tema esencial de la formación de las generaciones futuras. Como ha manifestado en alguna ocasión el filósofo y profesor José Antonio Marina, la democracia es un sistema cuya eficacia depende de las virtudes cívicas de sus participantes y es evidente que una de esas virtudes está referida a la educación como único camino hacia una sociedad mejor.

En este sentido, los informes internacionales sobre el nivel de la educación en nuestro país nos deben avergonzar, ya que nos sitúan a la cola del mundo supuestamente desarrollado. Su ineficaz estructura está compuesta por unos profesores mal pagados, en buena medida desmotivados y, en ocasiones, hasta desautorizados, por una escuela pública en la que últimamente sólo se escucha hablar de recortes (justificados, cómo no, en «la crisis») y por un índice de fracaso escolar que desemboca en un elevado porcentaje de «ni ni» (jóvenes que ni estudian ni trabajan).

Sin embargo, pese a semejante panorama, parece que lo único preocupante es si desde Madrid se puede obligar a impartir clases en castellano o si desde algunas comunidades autónomas puede imponerse su lengua cooficial en la docencia. Tras el reciente anuncio de una nueva reforma de la ley educativa (ya he perdido la cuenta de cuántas van), los titulares de periódicos y telediarios, los rifirrafes dialécticos entre diputados y los debates de tertulianos se centran en el conflicto de la impartición o no de asignaturas en la lengua común del Estado. Es en estos casos cuando me doy cuenta de que tenemos lo que nos merecemos. Nos enzarzamos en disputas inútiles y absurdas cuyo resultado final, sea cual sea, no solucionará la auténtica cuestión de fondo: la calidad de la enseñanza.

Y es que algunos políticos de las autonomías con dos lenguas oficiales, en lugar de disfrutar de esa riqueza cultural, se empeñan en crear problemas donde no debería haberlos. Escuchando las proclamas incendiarias de buena parte de «los representantes del pueblo» uno constata la simpleza, pobreza y vulgaridad de sus argumentos porque, por más que quieran convencernos de que detrás subyace un problema social, lo único que existe es una confrontación de intereses políticos. Así, son los mismos que se echan las manos a la cabeza ante la pretensión de regular por ley que determinadas asignaturas se impartan en español quienes, acto seguido, defienden la posibilidad de desterrar a través de la aprobación de sus propias normas la lengua común de todos los españoles.

Las sentencias de los tribunales obligan a que el castellano tenga el protagonismo que se merece. El propio Supremo ha dictaminado que «el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, en consecuencia, para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán». Se reitera que «el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la proporción que proceda, dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura».

Pretender crear un debate sobre el protagonismo que debe tener el castellano en España, aparte de discutir una obviedad, supone dar la espalda a nuestra Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestros tribunales. Ahora bien, no deja de ser la misma postura que los nacionalistas catalanes piensan exhibir ante otros temas, como el de la convocatoria de un referéndum ilegal.

En definitiva, cuando los señores políticos se dignen a dejar de discutir sobre la lengua en la que estudien nuestros hijos, el modelo educativo de España seguirá a la cola de las estadísticas mundiales porque, sencillamente, su verdadero problema no se habrá abordado ni, por supuesto, solucionado.

[Gerardo Pérez Sánchez es doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional de la ULL]

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