Hay una clara operación en marcha consistente en desprestigiar lo público. Se trata de demostrar que sólo lo que funciona según el criterio de rentabilidad, es decir el negocio privado, evita la arbitrariedad y el despilfarro, supuestamente consubstanciales con lo público.

De poco o nada sirve esgrimir cifras y ejemplos de dentro y de fuera que demuestran la falacia de muchos de los argumentos utilizados: es decir que público y despilfarro no tienen por qué ir de la mano, como tampoco son equivalentes gestión racional, economías y sector privado.

Y esos nuevos paladines de la privatización de los servicios básicos son muchas veces quienes mientras ocuparon cargos públicos gastaron mucho más de lo que ingresaban o los utilizaron con frecuencia para el medro personal o el de sus parientes o amigos.

Hay quienes más de una vez echaban mano de la tarjeta de crédito del organismo público para el que trabajaban para hacer invitaciones o financiar vicios privados. La prensa ha dado cuenta de ese tipo de abusos.

Hoy la crisis hace que muchos funcionarios se sinceren y hablen en voz alta de lo que callaron mientras a todos les iba bien o al menos así lo parecía. Y así se denuncian continuos casos de enchufismo, de asignación a dedo de puestos de trabajo.

Y vemos que hay una hipertrofia de cargos a todos los niveles de la Administración, empezando por las propias oficinas de prensa de muchos ayuntamientos, que tienen plantillas a todas luces exageradas para atender sus necesidades de comunicación y propaganda.

A uno le cuentan los sueldos que cobraban algunas personas que ocupaban cargos directivos más bien de dudosa utilidad en la función pública y no puede menos de echarse las manos a la cabeza, sobre todo si se le ocurre compararlo con lo que al mismo tiempo cobraban profesores, científicos y otros profesionales.

Era como si con la introducción del euro se hubiese perdido el sentido de la realidad. Y como si lo público no lo estuviéramos pagando en realidad entre todos, fuéramos o no sus directos beneficiarios.

El Estado era una vaca a la que muchos, adalides de lo privado, han querido ordeñar libre e impunemente, con el mayor de los descaros.

Todo ello mientras la escasez de médicos, de profesores, de jueces y de otros muchos profesionales, justificada por los continuos recortes en la función pública, iba erosionando poco a poco nuestro estado de bienestar.

La solución privatizadora que muchos de esos saqueadores de lo público ahora proponen no deja de ser puro espejismo. Nadie se mete en un negocio por puro altruismo, y mucho menos para perder dinero.

El accionariado manda y reclama beneficios inmediatos: ya sea en la enseñanza, en la sanidad o en cualquier otro sector de actividad privada o concertada.

Y por cierto que esta última, la concertada, equivale muchas veces a lucrarse con lo público sin tener que asumir a cambio riesgos porque si las cosas no pintan tan bien como se pensaba, se intentará que el Estado pague la diferencia. ¡Menudo negocio!