Juzgado de guardia

Erorres y buenos abogados

 05:30  

José Antonio Sau La Audiencia se ha cargado, de un plumazo, las escuchas telefónicas que permitieron poner en jaque a cinco policías locales de Mijas acusados por la Fiscalía de robar alijos de droga para venderlos después. Un acuerdo del Supremo exige que se incorporen a la nueva causa las transcripciones de las grabaciones obtenidas en otra en la que se apreciaron los primeros indicios de delito. Ello no se hizo durante la instrucción, que cristalizó en noviembre de 2009 con las detenciones. Y, cuando el juez lo pidió, el secretario del juzgado le contestó que no tenía medios para pasar las transcripciones a un CD... Incluso los letrados lo pidieron en varias ocasiones durante la instrucción, pero nadie sabe por qué no se incorporaron.

Nuestro Supremo es así, porque sí, y el tema escuece, y mucho, entre todos los magistrados, que tienen las manos atadas para proteger una investigación bien hecha desde el punto de vista policial pero mal encauzada por un defecto de instrucción, ya sea por falta de medios o de celo de quien debió prever que esto no ocurriera.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, elevó su voz el pasado jueves al conocer la noticia, mostró la indignación de su equipo de gobierno y de los sindicatos policiales, y se preguntó qué imagen dará la Policía Local del municipio con estos agentes en el cuerpo, a los que además habrá que pagarles, de ser finalmente absueltos, lo que se les debe desde su detención.

No es tarea de quien esto escribe juzgar a nadie, así que, si son absueltos, enhorabuena. A ellos y a sus abogados, que tuvieron la inteligencia, y el buen hacer profesional, de plantear este asunto en las cuestiones previas del juicio, y el acierto de que la Audiencia las estimara. Pese a todo, ésta es una mala noticia, porque aunque las reglas son las reglas, y más en un Estado de Derecho como éste, lo cierto es que el mensaje que se manda es el de la impunidad total.

La Audiencia Provincial sólo aplica un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo, como es su obligación, pues debe velar por las garantías procesales; y los abogados hicieron su trabajo planteando el asunto. El problema está, como siempre, en el acuerdo tomado desde las alturas, y en la falta de medios de ese secretario o del instructor a la hora de incorporar al proceso las escuchas.

Condecoraciones La semana pasada fueron condecorados los dos funcionarios de Hacienda y los Udyco que impulsaron la investigación del caso Malaya. Recibieron la Cruz de San Raimundo Peñafort. Habrá pocas distinciones tan merecidas.

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