Los números asustan. Cerca de 126.500 empleados públicos en Málaga han dejado de cobrar la paga extraordinaria de Navidad este año, lo que supone dejar fuera de circulación más de 145.000.000 euros estas fechas solamente en la provincia. Hace unos días conocíamos, además, que el año cierra con 50.000 trabajadores autónomos menos. La repercusión de la supresión de la extra va más allá de una nueva merma en el ya maltrecho poder adquisitivo de los empleados públicos, que, recordemos, actualmente sufre una reducción superior al treinta por ciento por los sucesivos recortes.
Una paga menos precisamente en el período de mayor consumo supone inevitablemente menor circulación económica. Y los primeros en notar esta disminución o paralización del flujo económico son los comerciantes malagueños que, habituados al movimiento de la caja en estas fechas, pueden estar también condenados a una Navidad sin blanca. Muestra de ello son las propias cifras del sector, que, además de las bajas, ha sufrido una notable caída de las contrataciones temporales. Es sencillo: si los ciudadanos ganan menos, consumen menos; y las empresas dejan de contratar. Huelga decir que los pequeños son los primeros en caer.
Parece, entonces, un ajuste poco acertado suprimir esta retribución si la intención es levantar el país. La provincia dejará de mover más de lo que aparentemente sopesamos. Obligados al ahorro extraordinario, los empleados públicos se esfuerzan estos días por reducir al máximo el gasto y poder responder, de esta forma, al pago de los costes habituales.
Sobre los empleados públicos malagueños recae así el enorme esfuerzo de salvar esos 145.000.000 euros, aunque el gasto cotidiano sea equivalente al del resto de ciudadanos. Pero toda la indignación, la impotencia y la prudencia de los afectados no alcanza para hacer recapacitar a nuestros gobernantes, algunos, al margen de las circunstancias, según parecen creer, en su limbo local.
Determinados alcaldes y concejales de la provincia, obviando este sacrificio y con los pies bastante lejos del suelo, han optado por continuar percibiendo la retribución que el Estado no ha dudado en coger despóticamente de sus propios trabajadores. Si bien es cierto que algunas corporaciones han decidido en un cuestionable alarde de solidaridad no cobrarla o donarla a alguna causa, otras, sin embargo, la han mantenido con orgullo y defendido con silencio.
Recientemente, CSI-F puso en marcha una campaña para conocer exactamente qué harán en cada caso con la extra de Navidad los cargos electos de la administración local malagueña. Así, la central sindical remitió a los 101 municipios, las mancomunidades y la Diputación Provincial un escrito solicitando esta información, cuyas respuestas son dignas de mencionar. Aunque muchos defienden haberla rechazado, otros, por el contrario, la cobrarán con presunción y emplearán en lo que consideren «oportuno». Y están en su derecho. Pero llegado el momento del ahorro, la austeridad y el recorte, predicar con el ejemplo hubiera sido la opción menos deshonesta.
La vocación ha dejado paso a la mezquindad en nuestra política, en cuyo blindado ecosistema no cabe cuestionamiento ético alguno por parte del resto de los mortales. Y asumirlo no es sencillo. La impotencia a la que ese empleado público, conociendo todo esto, tiene que hacer frente es el mayor de los excesos. Si de arrimar el hombro se tratara, dudo que quien pudiendo no hiciera el sacrificio. Sin embargo, todo esfuerzo parece en vano cuando es el gobernante el que seca nuestra administración pública; esa que, no nos olvidemos, nos sigue perteneciendo.
