Un mantra omnipresente en la almoneda de la sanidad pública que está llevando a cabo el gobierno del presidente Rajoy con algunos experimentos pilotos como los de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia sostiene que la sanidad privada ahorra dinero a los contribuyentes. Jamás se ha publicado estudio alguno que lo demuestre y, en contra de semejante hipótesis, se cuenta con ejemplos como el del hospital valenciano de Alzira. Arruinado por la gestión privada, saneado con recursos públicos y vuelto a vender (o regalar) a la misma empresa que lo llevó al borde del cierre, es un pésimo precedente que no parece desanimar a los gurús del desmantelamiento del Estado. Entre los que ocupa un lugar preferente el señor Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la comunidad autónoma de Madrid.

Fernández-Lasquetty, responsable absoluto de que los profesionales de la salud de la capital de España lleven en huelga desde hace casi un mes y se manifiesten por las calles casi todas las semanas, jamás ha estudiado nada que tenga que ver, siquiera remotamente, con la atención sanitaria. Tampoco ha trabajado en ese sector; bueno, de hecho, no puede decirse que haya tenido nunca un empleo digno de tal nombre y al margen de los cargos políticos salvo un breve ejercicio como técnico de investigación de mercado en Sigma Dos. Pero fue secretario general de las Nuevas Generaciones del PP en 1984, con la mayoría de edad apenas cumplida, y a partir de ahí ha tenido la nómina más que cubierta con cargo a los destinos políticos de libre designación que viven, claro es, de los dineros público.

Algo tan importante como es la atención sanitaria pública, avalada por el Tribunal Constitucional en espera que dicte sentencia definitiva acerca de si el ahorro puede justificar el desmontarla siquiera en parte, debe seguir planes muy serios cada vez que se quiera poner en solfa. Los experimentos, con gaseosa. Pero cuando Enrique Normand, que, además de médico, es diputado de UPD en la Asamblea de Madrid, le pidió a Fernández-Lasquetty que enseñase los supuestos estudios en los que se basa el plan de poner en manos privadas seis hospitales madrileños, el consejero se limitó a decir que existen. Ni los mostró, ni dio un solo dato procedente de su teórico contenido. La pregunta que cabe hacerse es por qué.

Sólo caben dos respuestas posibles: o bien Lasquetty no sabe lo que dicen tales estudios acerca de la excelencia de la privatización de la sanidad, o, sin más, no existen. En el primer caso, el consejero de Sanidad de Madrid es un ignorante. En el segundo, un mentiroso. Aunque la hipótesis de que pueda ser ambas cosas sigue viva mientras no se demuestre lo contrario, no estaría de más que nos aclarasen con qué tipo de personas, en Madrid y fuera de Madrid, nos estamos jugando en el sentido más estricto de la palabra la salud y los cuartos.