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Editorial

La crisis económica no puede perpetuarse

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El año 2012 no finaliza mejor de lo que empezó. Lo hace con todos los indicadores económicos a la baja, con una depresión financiera estática, sin signos de recuperación y con un paro laboral que continúa desbocado. Casi es imposible, en términos de estabilidad empresarial y laboral, aportar datos más desalentadores.

La crisis económica se ha incrustado en la sociedad. El desánimo se palpa en la calle y se ha vuelto tan evidente que hasta ha sido reconocido en tono solemne por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo hizo en su comparecencia tras el Consejo de Ministros del viernes. La consolidación de la crisis prácticamente se ha oficializado. El último boletín del Banco de España aporta datos elocuentes que vienen a confirmar cómo los negros nubarrones permanecen inamovibles sobre el conjunto del panorama económico español. Pese a unos ligeros repuntes en la venta de coches y en el gasto turístico, en términos generales, la pura verdad es que, como indica el órgano emisor, la economía continúa cayendo debido principalmente a la contracción de la demanda interna, lo cual corre paralelo a la recesión del consumo privado. Por eso, la mayoría de indicadores económicos permanecen en recesión, cosa que se vuelve altamente nociva para la estabilidad económica, tanto de las empresas como para las familias.

La comparecencia del viernes del presidente Rajoy despertó notables expectativas. Pero fue en vano, porque sigue fiándolo todo a muy largo plazo mientras abundan demasiadas cosas que no pueden esperar, porque llevan demasiado tiempo haciéndolo y porque inciden de forma negativa y reincidente sobre las necesidades y los derechos más elementales de las clases sociales menos pudientes. La Constitución, a la que también apeló el presidente para enmarcar sus relaciones con Cataluña y a la que concede larga vida, igualmente garantiza el derecho al trabajo, al salario digno, a la asistencia sanitaria y a la vivienda. El Gobierno no habla de estos aspectos. Más bien los sortea cuando se apoya sobre la Carta Magna.

En poco más de un año de gobierno, Mariano Rajoy ha pasado de ser generador de ilusiones y esperanzas, de vendedor de soluciones que se han demostrado ficticias, a administrador, poco convincente, de decepciones y quejas. Todavía a estas alturas sigue apelando a la «herencia recibida», igual que si hubiera llegado engañado a La Moncloa. El viernes volvió a pedir comprensión y justificó los recortes y la proliferación de incrementos fiscales sobre la necesidad de «evitar la quiebra de España». Pero, con todo ello, hecho lo que consideraba imprescindible, no aportó un calendario o un programa de soluciones. Es más, llegó a afirmar que «queda por delante un año muy duro» y no se atrevió a negar la catastrófica cifra de 6 millones de parados a la vista. Aseguró, eso sí, que no volverá a subir el IVA pero, vistos los antecedentes de su relación entre promesas y realizaciones, tampoco conviene conceder excesivo crédito a tal afirmación.

El Gobierno ha aplicado a la ciudadanía drásticas medidas correctoras asegurando que no quedaba otro remedio. No puede quedarse, como está haciendo, en este punto. Tiene la obligación inmediata de aplicarse a sí mismo las medidas correctoras para aportar soluciones reales y no perpetuar la crisis económica. Si hace falta, y parece que sí, sustituyendo a los miembros del gabinete desgastados. El Rajoy de los incumplimientos debe hacer lo imposible para invalidar y neutralizar su afirmación de que se aproxima un 2013 muy crudo. La sociedad lleva ya cinco años con tales condiciones a la espalda. Al Gobierno le corresponde aliviarla.

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