Juzgado de guardia

Un ligero repaso a un año difícil

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José Antonio Sau El año 2012 irá directo a parar al basurero de la historia. Salvo en lo judicial, la provincia ha salido vapuleada de estos 365 días frenéticos que han estado cargados de malas noticias económicas y laborales y que sólo se salvan por los buenos ratos que ustedes, queridos y fieles lectores, hayan podido pasar con los suyos. Más allá de que la corrupción es ya la moneda de cambio habitual por este páramo que es la Costa del Sol, y obviando que el plan de nuestros políticos para sacarnos de este hoyo es volver a urbanizarlo todo rápido, que viene el lobo, la miseria y el dolor campan a sus anchas con los primeros suicidios de futuros desahuciados y con un procedimiento hipotecario profundamente injusto que castiga al débil.

Es el año en el que se pone en cuestión el turno de oficio, se rebaja la asignación anual y en algunas comunidades se pone en salmuera su propia concepción, nacida del caldo de cultivo constitucional.

El ejercicio 2012, como les decía, ha dejado alguna que otra operación policial contra un alcalde corrupto, y ha sido testigo de la gestación de uno de esos golpes que irán a parar a uno de los partidos que no suele protagonizar estas escenas. Hay un regidor al que se le está mirando con lupa su patrimonio, y al que la policía no sabe por dónde meterle mano. Y, pese al tufillo que sale de ese municipio, su partido sigue apoyándolo, impasible.

En el haber, sin duda, hay que apuntar la culminación del juicio del caso Malaya, ejemplo de un trabajo bien hecho por el tribunal –José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald–. Con 95 acusados, la sentencia estará lista bien entrado 2013, un fallo en el que trabajan a destajo el ponente y sus dos compañeros y que ya va tomando forma pese al escaso tiempo que el trío tiene para dedicar a otros cortijos.

Destacable es también el paso adelante dado por los jueces en el asunto de los desahucios. Por fin la judicatura entiende que su lugar está con quienes lo pasan mal, y que su función primordial es proteger al débil en derecho, para que no sea apisonado por el enorme rodillo de los bancos y las aseguradoras.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de romper una lanza por los informadores, objeto del ataque de los poderosos y que cada vez tienen más difícil realizar su labor. A una cámara de televisión se le detuvo en Sevilla por informar, y a otros muchos se les ha faltado el respeto. O se les ha difamado, poniendo en duda su honorabilidad, únicamente por hacer su trabajo, sin ni siquiera preguntar, ni darle la oportunidad de defenderse. Lástima que quien tiene que velar por que eso no suceda caiga en lo contrario.

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