Confieso que, en demasiadas ocasiones, algunos actos cotidianos como abrir un periódico o encender la radio me llenan de aprensión: ¿qué será en esta ocasión?, ¿a quién afectará?, ¿qué perderemos con ello? Porque, desde que la crisis se instaló entre nosotros, no es sólo que vivamos en un estado de shock permanente, tratando de aprehender que está pasando; es que, además, nos están robando la capacidad de imaginar y participar en la sociedad que queremos para los próximos años. Una pequeña muestra de ello es la desaparición de la agenda política y, por tanto, para desgracia de todos, del debate público de las políticas de integración de las personas inmigrantes. Así, por ejemplo, la Junta de Andalucía lleva ¡¡más de 4 años!! enfrascada en la redacción de su tercer plan de integración. El Gobierno central, por su parte, no lo ha hecho mucho mejor: podó a su gusto el II Plan de Integración, y, con una actuación basada en hechos consumados, está tirando por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora. Y es que, paradójicamente, después de la «inflación» de planes de integración que se redactaron durante los tiempos en que el crecimiento económico actuaba como precario amortiguador de las desigualdades sociales, es ahora cuando más necesario sería -cuando las administraciones hacen mutis por el foro-.
Una muestra más de que sobre el fenómeno de la inmigración, algo compartido por todos los gobiernos y partidos, en nuestro país se ha pensado siempre mirando más las encuestas electorales que en la realidad social..
Esto, sin embargo, no quiere decir que no hagan nada. Al contario, en ocasiones parece que algunos de nuestros políticos se encierran en sus despachos, como malos aprendices de brujo, con el objeto de satisfacer a hurtadillas los resultados de la calculadora electoral.
Ejemplos podemos encontrar unos cuantos. La exclusión de las personas inmigrantes del sistema sanitario público, punta de lanza de una reforma de mucho más calado, ha supuesto que el Tribunal Constitucional, en un auto reciente, haya tenido que recordar al Gobierno central que «la protección de la salud es una tarea que un estado social de derecho no puede descuidar por su ligazón con los derechos humanos a la vida y a la integridad física».
La anunciada regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros -algo a lo que no se atrevió o no quiso hacer el anterior gobierno-, en consonancia con las demandas de numerosos organismos internacionales y organizaciones sociales, se ha quedado en una mera operación cosmética de cambio de nombre.
Pero donde se evidencia el verdadero cariz que tienen todas estas medidas es en la recuperación de una iniciativa del Gobierno anterior para tipificar como delito la solidaridad con las personas inmigrantes.
En efecto, la anunciada reforma del Código Penal abre la posibilidad de que aquellas personas que ayuden a inmigrantes en situación irregular sean condenadas por llevar a cabo conductas solidarias, humanitarias o, simplemente, de buena vecindad. Lo que sin duda, más allá su aplicación practica, supone un tiro de gracia en la concepción de lo que deben ser las políticas de integración: la plena inclusión de las personas inmigrantes en una sociedad que, por mucho que algunos no lo quieran ver, también es suya. Excluir a las personas inmigrantes, ofrecerles como chivos expiatorios al altar de la crisis, negarles, en definitiva, el pan y la sal no es -no puede ser- el camino para construir nuestra sociedad de los próximos años.
*Alejandro Cortina es director de Málaga Acoge
