La declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán tiene un alcance mucho más político que jurídico. CiU y ERC, sus principales avalistas, la presentan como un hito; y lo es porque en el actual contexto de la relación con el Estado significa legitimar, con los votos de diputados elegidos en las urnas, un proceso de ruptura que hasta ahora sólo estaba en germen. Sin embargo, el derecho a decidir que legitima la Cámara autonómica catalana sigue siendo ilegítimo con arreglo a la Constitución, porque contraviene la legalidad que la Carta Magna establece y de la que el Parlament emana.

Da igual, entonces, que la declaración aprobada no haya sido la pactada inicialmente por sus promotores y que sus contenidos hayan sido diluidos. El hecho de que el texto ya no identifique el derecho a decidir con el derecho a la independencia o la consecución de un Estado propio no son concesiones de CiU y ERC al Gobierno de Rajoy, sino al resto de los partidos catalanes con inclinaciones soberanistas, y sólo fueron posibles gracias a la airada intervención del líder de Unió (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, molesto con la petición de renuncia que le hizo el de ERC, Oriol Junqueras, a raíz de la resolución del caso Pallerols.

Con todo y con eso, la operación para sumar fuerzas a la declaración se saldó con modestos resultados: Mas y Junqueras sólo lograron concitar el apoyo de ICV y de uno de los tres diputados de la CUP. En total, 85 parlamentarios de un total de 135. El reto era atraer también al PSC, pero la dirección impuso a sus 20 representantes el voto en contra y cinco de ellos rompieron la disciplina de partido y no ejercieron su derecho por «respeto» a una parte de su electorado.

Los diputados socialistas, pues, votaron divididos; no así los de CiU, aunque en ambos casos hay riesgo de fractura, dado que la vulneración del marco constitucional que la declaración sanciona no es del agrado ni de Duran ni de Pere Navarro. Sin embargo, mientras que la escisión del ala más nacionalista del PSC no afectaría a la entente de Mas y Junqueras, la rebelión de los legisladores de Unió podría hacerla tambalearse. De hecho, el martes, víspera de la votación, UDC retó a Convergència (CDC) a replantearse el acuerdo de federación que mantiene unidos a los dos partidos desde hace 35 años. Unas críticas de la dirección de CDC en Barcelona, acusando a Duran de perjudicar los resultados electorales de CiU con sus declaraciones sobre el derecho a decidir, pusieron al partido más cerca que nunca de la ruptura.

Que un día después los 13 parlamentarios de Unió votaran lo mismo que los 37 de Convergència no despeja el horizonte de nubarrones, y en las próximas semanas Duran y Mas tendrán que sentarse a negociar un acuerdo, por más que el primero diera ayer por concluido el enfrentamiento. Y es que los democristianos, que no pueden ver a ERC ni en pintura, exigirán antes o después que CiU se aleje de Esquerra, y a eso, por ahora, Mas no está -o no puede estar- dispuesto, porque necesita un aliado para seguir huyendo hacia adelante y demostrar que la convocatoria anticipada de elecciones estaba justificada. Mas es rehén de sus propias decisiones y, en consecuencia, de Junqueras, a quien él aupó, sin quererlo, cuando intentó que un candidato de CiU resultara creíble envuelto en la «estelada», en vez de en la «senyera».