Que nadie se quede sin casa porque no puede pagar una hipoteca y que ninguna familia en dificultades económicas deba gastar más del 30% de sus ingresos en el techo que la cobija. Esta es la esencia de las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el Congreso de los Diputados ha aceptado tomar en consideración. Lo cual no significa que los diputados estén de acuerdo y que hagan una ley a partir de dichas propuestas. Es más bien difícil, porque atacan el corazón del sistema.

Los expertos calculan en un cuarto de millón las viviendas del parque español que ya valen menos que su hipoteca. Si los deudores pueden saldar la deuda entregando las llaves al banco, es probable que muchos lo hagan, y entonces los bancos acumularán pérdidas. Pero el sistema se basa en que los bancos no tengan pérdidas, porque cuando eso ocurre, en primer lugar, salen perjudicados los accionistas -muchos de ellos, pequeños ahorradores- y los titulares de preferentes y deuda subordinada. Y en el extremo, corren peligro los depósitos. Para evitarlo y para evitar el correspondiente estallido de pánico, el Estado se pone en marcha y el desastre nos lo comemos entre todos, con cargo a presupuestos.

Por otro lado, que las familias modestas no paguen más del 30% de sus ingresos por el techo que los abriga parece razonable, pero con seis millones de parados y con los sueldos menguantes, son muchos los casos en que ese 30% equivale a menos de 250 euros. No será fácil que el mercado presente una gran oferta de viviendas dignas a este precio, sobre todo en las grandes ciudades. Si los bancos deben hacerlo con los pisos provenientes de la dación en pago, alegaran pérdidas, y como nadie puede ser obligado a perder dinero, exigirán que el Estado pague la diferencia. Un gasto público que se sumará a la del párrafo anterior.

¿Podemos permitir que el Estado compense sin fin a los bancos por la dación en pago y los alquileres sociales? La lógica dice que, ya puestos, debería ser el mismo Estado quien tomara el control de las operaciones, siguiendo el principio de que quien paga, manda. Banca pública y banca privada bajo control público al servicio de un estado social y benéfico que garantice un techo para todos los ciudadanos, al margen de lo que pueden pagar. Es una posibilidad. Pero ya oigo las voces de los liberales gritando: ¡Comunismo, esto es comunismo!