El pasado jueves se presentó en la Fundación Tres Culturas el Pacto por la Cultura, enmarcado en el Pacto por Andalucía impulsado por el gobierno andaluz. En total, son 59 medidas, 31 transversales y 28 sectoriales; algunas de ellas de carácter meramente reivindicativo, como la reclamación de un IVA reducido para la cultural o la voluntad de garantizar las competencias municipales en la materia, pues ambos asuntos dependen de legislación estatal. Aunque varias de ellas suenan a repetidas, otras cuantas sí resultan novedosas y casi todas quedan bien sobre el papel. El sector cultural, pese a la dificilísima situación que atraviesa, con cierres de empresas, liquidación de proyectos y el desempleo disparado, aún con el enorme escepticismo que generan las promesas de los responsables políticos que proponen este pacto tras haber recortado el presupuesto de la Consejería de Cultura y Deporte más que a ninguna otra, secundó la convocatoria abarrotando las instalaciones de la Fundación Tres Culturas. De los numerosos malagueños presentes, intervinieron en el acto Rafael Rodríguez, premio Andalucía de periodismo y actualmente presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Noelia García Bandera, fotógrafa y profesora de la Escuela de Arte San Telmo, o el bailarín Fernando Hurtado. Antonio Banderas envió un video y Carlos Álvarez un mensaje que leyó la presentadora al inicio del acto. El final y las risas estuvieron a cargo de la compañía malagueña el Espejo Negro, de Ángel Calvente. También acudieron a la convocatoria creadores de nuestra tierra como Rafatal o Antonio Melibeo, y representantes políticos como las parlamentarias Remedios Martel y Rosa Torres.
Terminado el apartado de crónica, pasemos al motivo del acto y el contenido del pacto. El documento parte de una primera ronda de reuniones sectoriales y algunos encuentros provinciales. Posteriormente, se abrió una plataforma para la participación ciudadana que no parece haber sido tenida tan en cuenta, a juzgar por la nula referencia al cómic, que era sobre lo que trataban las propuestas más votadas, o el compromiso político de aumentar el presupuesto dedicado a Cultura por la Junta de Andalucía, que también estaba entre las cinco primeras y no figura en el documento presentado.
Valoramos la inclusión de los gestores culturales en las RPT de la administración pública, así como promesas históricas como aumentar los contenidos culturales en el sistema educativo y la RTVA. Igualmente satisfactorio es que se haya recogido la propuesta de creación de un marco estable de comunicación con los sectores profesionales y empresariales de la cultura, con la creación del Consejo Andaluz de la Cultura. Sin embargo, la mayor parte de las propuestas tienen una redacción muy genérica que requerirá para su puesta en marcha un esfuerzo de concreción. Que se produzca o no y cuándo será la primera demostración del verdadero nivel de compromiso del gobierno andaluz.
El núcleo del Pacto, lo que más expectación ha generado y también mayores preguntas suscita, es la llamada Ley de Mecenazgo. Al no tener la Junta de Andalucía competencia sobre el impuesto de sociedades, a los beneficios de carácter fiscal no podrán acceder las empresas-mecenas, por lo que tendremos que seguir esperando la anunciada Ley estatal. Una de las medidas más relevante de la Ley andaluza es la pretensión de estimular el consumo directo de los ciudadanos mediante deducciones en el tramo autonómico del IRPF del gasto que hayan tenido en bienes o servicios culturales. Queda por ver cómo se hace realidad y sobre todo si la cuantía es lo suficientemente importante como para que compense estar todo el año guardando justificante de pagos de comprar entradas de cine, teatro o conciertos y por la adquisición de libros, discos y otros bienes culturales. La Ley también pretende que las donaciones que los ciudadanos hagan a proyectos culturales se puedan deducir del tramo autonómico de IRPF. En los últimos tiempos han surgido numerosas plataformas online y campañas a través de las redes sociales para sacar adelante proyectos de diverso tipo con «micro financiación colectiva» y gracias, total o parcialmente a ellas, han visto la luz películas, discos, festivales y libros. Obviamente, no puede sustituir el apoyo público, los patrocinios, ni otras fuentes de financiación, pero puede ser una ayuda para cierto tipo de iniciativas. Que las personas interesadas en hacer pequeñas aportaciones para impulsar o mantener proyectos culturales se vean recompensadas, además de con la satisfacción de haber contribuido a hacerlos realidad, con estímulos fiscales, es una buena noticia.
El Pacto también propone abrir los espacios públicos de la cultura a modelos de gestión que generen oportunidades profesionales, algo que también vienen reclamando desde hace tiempo los agentes culturales del sector privado.
Sería más que deseable que el gobierno central se anime a continuar la tramitación de la anunciada Ley estatal. El sector de la cultura necesita respaldo y apoyo de los poderes públicos. Habrá que ver si el esfuerzo de movilización que ha hecho, venciendo el desencanto y el escepticismo al acudir masivamente a la presentación del Pacto resulta o no recompensado.
*Rafael Burgos Lucena es gestor cultural y presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA)
