En los medios de comunicación hace semanas que ocupan un lugar preeminente las noticias relacionadas con la iniciativa popular legislativa (IPL), presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como todo aquello en lo que ha ido derivando. Uno de los aspectos que más ha destacado ha sido algo denominado escrache de una forma tan desafortunada. Una supuesta fórmula de participación social que comenzó a practicarse en Argentina a mediados de los 90, consistente en manifestaciones en los domicilios de genocidas y violadores de los Derechos Humanos de la dictadura, contra quienes no había recaído el peso de la Justicia, lo que justificaba la presión ciudadana. Pero ni las personas que han sido objeto de escrache en nuestro país, ni aún menos el contexto político, social y jurídico en el que se ha ejercido, guardan paralelismo alguno con aquello. Las víctimas de este tipo de acoso han sido hasta ahora demócratas, políticos que desarrollan su vocación de servicio como legisladores en la sede de la soberanía nacional. Pero es que además los españoles poseemos, afortunadamente, las garantías jurídicas propias del Estado de Derecho en que vivimos. Y aún dista infinitamente más si lo comparamos con los escraches llevados a cabo en regímenes totalitarios como el nazi, cuyas dianas eran judíos y minorías que eran identificados así para finalmente aniquilarlos. Esto hace inaplicable en una Democracia consolidada como la nuestra el término acuñado y su utilización, aunque sea de forma coloquial. Es más censurable aún por esas connotaciones tan negativas.

Sobre este asunto cabe valorar también la profunda contradicción en la que ha caído la PAH como autora de una IPL y de los escraches. Se sirvió del sistema, de las instituciones para hacer valer sus propuestas contenidas en esa IPL, al mismo tiempo que, al margen de ellas, coaccionó a los diputados para cambiar sus votos. Qué duda cabe que la Plataforma la integran verdaderos afectados, ciudadanos cuyo objetivo es más que loable y respetable. Pero también es cierto que a este movimiento se han arrimado colectivos cuyos intereses distan de los que persigue la plataforma: miembros del 15-M, antisistemas, antiglobalización, etc. Esto ha magnificado más aún dicha contradicción, cuyo máximo exponente lo han protagonizado altos cargos del gobierno andaluz y algunos diputados de IU. En ese partido parecen sentirse en la obligación, ante situaciones como ésta, no solo de apoyar y sumarse a estos movimientos de protesta, sino incluso hacer declaraciones que rayan la indecencia política y el desprecio a las instituciones democráticas de nuestro país a las que, por cierto, ellos también representan.

Lo más sorprendente ha sido el oportunismo político de algunos. El PSOE, el mismo que estando en el Gobierno votó hasta en diez ocasiones contra propuestas para proteger a los titulares de hipotecas y evitar desahucios, es el que ahora se las exige al PP. El mismo PSOE, bajo cuyo mandato se ejecutaron el 99% de los desahucios, y el mismo que la única medida que puso en marcha al respecto fue la agilización de los procedimientos habilitando más juzgados y permitiendo la implantación del llamado desahucio exprés.

El Gobierno del PP ha sido el primero en legislar para frenar desahucios. En año y medio ha elaborado dos decretos y una ley, la que se aprobó ayer en el Congreso y que fue enviada al Senado para continuar con su tramitación, en cuyo título reza su objetivo: reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Esta ley paralizará los desahucios de quienes más lo necesitan durante dos años; prevé la posibilidad de hacer más llevadera la hipoteca, permitiendo su reestructuración, la rebaja de los intereses de demora, incluso la quita por pronto pago; amplía los umbrales para que más ciudadanos puedan ser beneficiarios de estas medidas; cumpliendo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, posibilita que los jueces detengan cautelarmente los desahucios de afectados por hipotecas con cláusulas abusivas; incluye la apertura de un parque de 6.000 viviendas para alquileres sociales; y sí, también regula la dación en pago, pero no de cualquier forma. El Partido Popular nunca estuvo en contra de la dación en pago, de hecho fue el primero que legisló sobre ella. Lo que no ha admitido es su aplicación con carácter general, en todos los procesos de ejecución hipotecaria, solo en casos de extrema necesidad y especial vulnerabilidad de los afectados. La razón no es solo evitar un desplome del sector financiero. Para el PP aceptar la dación en pago universal es resignarse a que, quién no puede hacer frente hoy a su hipoteca, no lo va a poder hacer nunca más. Para que no sea así el Gobierno de Rajoy también trabaja al mismo tiempo en otros aspectos como el empleo y el conjunto de la economía. Además si el afectado entrega su vivienda, podrá cancelar su deuda pero también se queda en la calle.

Una vez más, el Gobierno ha actuado desde la responsabilidad y el rigor, y nuestros parlamentarios han utilizado y respetado hasta el extremo las reglas del juego democrático. De otros no podemos decir lo mismo. Esperemos que los métodos utilizados por estos colectivos sociales y respaldados, incluso, impulsados por otros de carácter político, no se empiecen a generalizar. Corremos el riesgo de que cualquier profesional con una mínimo capacidad de influencia en la sociedad pueda ser víctima de escrache. La tolerancia que hemos presenciado abre la veda a que un juez que dicte una sentencia que no guste a determinados colectivos, un médico cuya objeción de conciencia en el ejercicio de su profesión colisione con determinados intereses, o un periodista que escriba contra algún grupo de interés, pueden tener mañana mismo un manifestación en la puerta de su casa, con el perjuicio que para su persona, su familia y sus vecinos conlleva.

Siempre he sido de la opinión de que el fin no justifica los medios y me reafirmo. El propósito de la PAH era más que noble, pero coaccionar y acosar no era el camino. Un camino emprendido con la utilización de un instrumento democrático como es la presentación de una ILP no debe finalizar queriendo imponer mediante presión las ideas y propuestas que esta incluye.

*Patricia Navarro es senadora del PP por Málaga