El jeque Sheikh Abdullah Al-Thani obra milagros. Ha logrado lo impensable en esta provincia y deja en anécdota la gloria europea del equipo. El viernes, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga fueron capaces de alcanzar un acuerdo en cuestión de minutos para defenderse a través de un comunicado conjunto de las andanadas que lanzó Moayad Shatat, vicepresidente ejecutivo del Málaga CF. Tiene su mérito y hay que reconocérselo. Al jeque, claro, no a las tres administraciones, que durante años han demostrado su incapacidad política para pactar acuerdos o desatascar proyectos importantes para esta provincia. Es lo que tiene el fútbol. Supera todas las barreras, incluso las ideológicas, y por eso las tres administraciones se enfundaron la misma camiseta para responder a los ataques infundados del jeque. Por eso hay que saludar el acierto de que las tres administraciones saltarán al campo de juego para evitar el gol que el jeque y su vicepresidente ejecutivo querían meterles con un contraataque tan veloz como feroz pero sin ningún tipo de argumento futbolístico, ni político.

Moayad Shatat firmó el viernes un comunicado en nombre del Málaga CF que en pocas palabras responsabiliza a las tres instituciones de todos los males de las millonarias inversiones paralizadas al jeque en la Costa del Sol. Tras un preámbulo en el que quiso dejar claro la implicación total del presidente y propietario del Málaga apoyada en el desembolso en el club de 140 millones de euros, Shatat denunciaba los constantes problemas que dicen haber sufrido en cada una de las iniciativas que han intentado llevar a cabo, derivadas fundamentalmente de la falta de apoyo institucional. Se lamentaba de que la falta de concreción administrativa ha imposibilitado que el principal proyecto, la remodelación del puerto marbellí de La Bajadilla, sea una realidad; los acusaba de subirse al autobús de la gloria y de los éxitos deportiva mientras eran incapaces de cederles a precio simbólico la utilización de La Rosaleda (el Málaga paga por temporada unos 700.000 euros a las tres instituciones que son propietarias del estadio); o criticaba la imposibilidad de avanzar en la construcción de la Ciudad Deportiva en los terrenos de Arraijanal. Para apoyarse en sus reivindicaciones, Moayad Shatat puso encima de la mesa cifras y datos como que el Málaga se ha erigido en el principal embajador de Málaga en el mundo, llevando su nombre a más de 500 millones de personas de los cinco continentes, o que la actividad del club generó un impacto económico en la economía malagueña de 425 millones de euros (100 millones de gasto directo y 325 del valor de la dimensión mediática lograda). Datos que abruman tanto como los innegables éxitos deportivos del club bajo la presidencia de Al-Thani, pero que no deben desdibujar la realidad de la situación de las inversiones inmobiliarias por muy forofo que uno sea del Málaga.

Todo es más simple de lo que parece: el jeque no ha cumplido con ninguno de los plazos y, como en todos los países, hay unas normas, unos procesos, unas leyes y unos trámites que al jeque parece que le incomodan. De hecho, era tan altas las expectativas cuando aterrizó en 2010, que todo lo que tenía que ver con Al Thani se trató con mimo exquisito para no espantar al misterioso inversor catarí. Se le abrieron los despachos de las alcaldías de Málaga y Marbella y se sentó con los presidentes de la Diputación y de la Junta de Andalucía en un alarde propio de esta tierra milenaria donde nadie se siente extraño. Se obró el milagro de que se le adjudicara la millonaria remodelación del puerto marbellí de La Bajadilla y se reprodujo el milagro del pan y de los peces para que el Ayuntamiento de Málaga dispusiera de unos suelos en tiempo récord sólo por el hecho de saber del deseo del catarí por ubicar la futura ciudad deportiva del Málaga en los suelos de Arraijanal. La Rosaleda es capítulo a parte. El estadio es patrimonio público y como tal es un equipamiento que no se puede enajenar sin tener en cuenta los requisitos que marca la ley y cuyo precio lo fija una comisión técnica atendiendo los parámetros que dictamina la legislación. Además, hace cinco años las tres instituciones ya plantearon al club y a sus distintos propietarios un convenio para el uso a coste cero del club del estadio del que aún nada se sabe.

Pese a todas estas facilidades que otros inversores desearían para sus proyectos, el jeque no ha cumplido en tiempo y en forma. es así de siempre. El Ayuntamiento de Málaga mantiene que el Málaga CF no puede iniciar las obras de la Ciudad Deportiva porque aún no ha pasado por el registro de Urbanismo el proyecto básico ni el de ejecución. Y como guinda de «esa escasa colaboración» los propios técnicos de Urbanismo redactaron de oficio el plan especial de Arraijanal, sin coste para el Málaga CF, y el Ayuntamiento obtuvo más de medio millón de metros cuadrados de titularidad pública necesarios para la instalación del nuevo equipamiento deportivo. ¿Qué más colaboración quiere cuando ni siquiera ha entregado un papel en Urbanismo?

Pero esto no parece ser suficiente para el dueño y presidente del Málaga que, por su forma de gestionar, ha perdido el control de la concesión de La Bajadilla debido a que un juzgado malagueño dispuso hace unos días del embargo preventivo de la participación del 97 por ciento que su sociedad (Nasir Bin Abdullah & Sons) ostenta en la UTE a la que le fue concedida la gestión del recinto portuario y las obras de ampliación. Y todo por no pagar al estudio Seguí Arquitectura y Planeamiento la deuda de 3,8 millones de euros que la sociedad mantiene con el equipo autor del proyecto técnico de la ampliación. Y a falta de más explicaciones por parte de los inversores catarís de por qué no cumplen con lo firmado, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha iniciado también el expediente para la resolución del contrato del puerto de La Bajadilla firmado a finales de 2011 ante el cúmulo de incumplimientos del empresario catarí. No ha dado señales de vida ante los múltiples requerimientos ni ha pagado las dos multas de 130.000 y 25.000 euros por no haber entregado el proyecto constructivo.

El jeque dice sentirse maltratado cuando lo único que se ha hecho en esta provincia es poner alfombras a su paso para facilitarle sus benditas inversiones. Cosa distinta es que pretenda saltarse las normas y los trámites usando la fuerza que le da el sentimiento de una provincia hacia su equipo de fútbol. De esto último sabemos mucho en esta tierra.

*Juande Mellado es director de La Opinión de Málaga

@juandemellado