Siete días

Isofotón y la callada por respuesta

16.06.2013 | 05:00

La crisis del petróleo de los años 70 provocó, entre otras muchas cosas, que los costes de la energía se dispararán de forma desorbitada. Como suele ocurrir en los períodos de inestabilidad y desequilibrio económico, lo que en un principio puede parecer el apocalipsis, visto desde la perspectiva que da el paso del tiempo, aquellas dificultades terminan tornándose en nuevas oportunidades. En este caso, la crisis obligó a que la mayoría de los países occidentales comenzaran a promover la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía, más rentables y, al tiempo, más limpias y respetuosas con el medio ambiente. Fue el comienzo de las renovables. En España, la benevolencia de nuestra climatología hizo que se apostara de forma decidida por la energía solar, explorando poco a poco sus diferentes vertientes.

Esto no es más que los antecedentes que condujeron a que a principios de la década de los ochenta, un profesor de la Politécnica de Madrid creara en Málaga una spin-off que más tarde se convertiría en la primera empresa del sector fotovoltaico en España y una de las diez más importantes del mundo. Todo un referente. Lástima que no solo lo fuera por los éxitos alcanzados, sino también por su nada rigurosa gestión. Los sucesivos dueños por cuyas manos ha pasado la empresa, alguno incluso demandado por delito contra el patrimonio, al falsear las cuentas y llevar una contabilidad ficticia, han contribuido a la constante fluctuación y vaivenes de la compañía. Tampoco ayudó el fin de los incentivos al sector, justificado por los necesarios ajustes que el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que emprender tras encontrarse un país quebrado. Pero no es ni justo, ni serio señalar esto como única causa de todos los males que aquejan a Isofotón. En primer lugar, porque la política que llevó a cabo en esta materia el Gobierno de Zapatero infló las expectativas del sector, totalmente dependiente de las sobredotadas ayudas públicas, sin procurar su sostenibilidad de manera autónoma. Y por otro lado, porque Isofotón ha estado acompañada en todo momento por la administración autonómica, estando incluso participada por ella en una época, interviniendo activamente en las diferentes operaciones de traspaso de titularidad o compraventa, y sosteniéndola con fondos públicos, sin que nada de ello haya podido evitar su desplome.

La Junta de Andalucía ha sido testigo y cómplice de los avatares de la empresa y la ha mantenido apuntalada inyectándole capital vía subvenciones, préstamos o avales. Se calcula que alrededor de 60 millones de euros que debían aportarle viabilidad, garantizando así la conservación de puestos de trabajo. Sin embargo, algo ha debido fallar cuando más de 350 trabajadores van a ir a la calle en breve, tras declararse hace unos días en concurso voluntario de acreedores.

El consejero de Economía defendió esta semana en el Parlamento andaluz la gestión de estas ayudas por parte de su departamento y se escudó en que «Isofotón es una iniciativa privada y la Junta no es su dueña» para eludir responsabilidades en la delicada situación en que se encuentra la empresa. Sin embargo, nadie cuestionaría la gestión de una empresa privada por parte de sus dueños, de no ser porque ha recibido dinero público. Esto es lo que nos da derecho a todos los andaluces a saber más sobre Isofotón.

En el Partido Popular exigimos conocer el procedimiento de concesión de estas ayudas y los mecanismos de control que se han seguido; cuál ha sido el papel de los responsables políticos de la Junta más cercanos a la empresa, concretamente, las personas que se han ido sucediendo en la Delegación de Innovación; también nos interesa confirmar lo que, hasta ahora, son indicios de deslocalización y desmantelamiento de la compañía; si es casualidad o podemos calificar de acoso laboral, que justo los empleados que pertenecen al sindicato que ha denunciado ante la Fiscalía un posible delito de malversación, sean los más afectados por el ERE.

Es curioso pero, en un momento en el que empieza a dar los primeros pasos en su tramitación el anteproyecto de Ley de Transparencia de Andalucía, todas estas cuestiones, preguntadas ya por los diputados autonómicos del PP, no han recibido más que la callada por respuesta.

Sin embargo, aún están a tiempo de convencernos de que la voluntad del Gobierno andaluz es sincera en el objetivo de alcanzar la máxima transparencia en su gestión; de que se han cumplido con los procedimientos ordinarios establecidos para ayudar a empresas en crisis; de que los responsables políticos que han estado al frente de esta tarea han actuado conforme a la ley, de forma escrupulosa y sin ambages. Tiene una magnífica oportunidad de demostrarlo apoyando la creación de la Comisión de Investigación sobre Isofotón que ha solicitado el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía. De lo contrario, seguirán quedando demasiadas preguntas en el aire y será inevitable que los ciudadanos asimilemos Isofotón con otros muchos casos en los que el Gobierno socialista de la Junta, ahora con ayuda de IU, reparte sin control el dinero de todos los andaluces que termina por perderse o por destinarse a cualquiera sabe qué. Desde luego no a crear o mantener empleos, algo imperdonable en una Comunidad históricamente líder en paro.

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