El Consejo de Ministros de ayer aprobó la reforma de las Administraciones, que previamente había presentado Mariano Rajoy a la opinión pública, con base en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con la que se pretende, entre otras cuestiones, racionalizar las administraciones, eliminar o unir trámites burocráticos, reformar hasta 57 organismos públicos, y suprimir 90 observatorios autonómicos y estatales además de 17 de las actuales 48 fundaciones del Estado, lo que supondrá un ahorro aproximado de 7.500 millones de euros anuales.
El informe ha sido elaborado por una comisión de expertos que, durante seis meses, ha llevado a efecto una auditoría de la Administración, y el objetivo, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, es el de «avanzar en un Estado autonómico con gestión descentralizada y una Administración que cambia de óptica». La reestructuración de las administraciones públicas es imprescindible para que el ciudadano tenga a su servicio una sola Administración, sin perjuicio de que entre todas las administraciones, empresas públicas y demás entes administrativos, se lleve a efecto una distribución razonable y equitativa de competencias con el fin de ofrecer al ciudadano el mejor servicio posible con el menor coste. No tiene sentido que se multipliquen competencias y que se maree al ciudadano remitiéndolo de una administración a otra para resolverle su problema. Todo lo que avancemos en ese sentido nos permitirá disponer de más recursos públicos para políticas sociales que puedan equipararse a la de otros países del entorno (por ejemplo del norte de Europa). Debemos instaurar una gestión austera y eficiente de los recursos públicos, y alejados de medidas populistas que generan réditos electorales pero perniciosos para la economía real.
Espero y deseo que estas medidas legislativas que está poniendo en marcha el gobierno sirva para que el sector público entre en esa dinámica.
*Pablo Atencia es abogado
