Mala suerte la del juez Elpidio Silva. Muy mala suerte. Cayó en su juzgado de la madrileña plaza de Castilla una denuncia por supuesto blanqueo de dinero, administración desleal y otros posibles delitos contra Miguel Blesa el que fuera presidente de la quebrada CajaMadrid. Al saber de quien se trataba ( un personaje clave para explicar las ramificaciones políticas del derrumbe financiero español), el juez debería haberse zafado del asunto inmediatamente, como hacia Curro Romero cuando le salía por el portón de los sustos un toro de esos a los que es imposible hacer faena. Pero no lo hizo (o no lo hizo con la debida contundencia). La primera denuncia contra Blesa en diciembre de 2009 la archivó en febrero de 2010 por falta de pruebas. En la segunda, junio de 2012 se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, pero esta le devuelve la causa. Y ya con ella entre las manos comete la imprudencia de dar por presumiblemente ciertos los indicios de criminalidad esgrimidos por los denunciantes y ordena prisión para el exbanquero eludible con una fianza de 2,5 millones de euros. Una cantidad importante que este consigue reunir en menos de 17 horas. El asunto podría haber quedado aparcado ahí a la espera de que el lento tren de la justicia reanudase su marcha, pero los denunciantes insistieron con nuevas pruebas alertando de paso sobre una posible fuga, dada la facilidad con que el banquero había reunido el dinero de la fianza, y el juez vuelve a decretar la prisión, esta vez incondicional. Con Blesa de nuevo tras las rejas se desata una campaña feroz contra Elpidio. La fiscalía recurre la prisión y amenaza al juez con una posible querella por prevaricación. Y en la prensa empiezan a dar detalles sobre su vida íntima, presentándolo como una persona rara, hosca y nada sociable, al tiempo que se duda de su preparación jurídica y hasta de su sanidad mental. En un medio se le califica como «uno de los jueces más conflictivos de España», y en otro se apunta que el Consejo del Poder Judicial había intentado incapacitarlo para el ejercicio profesional, aunque un tribunal medico rechazó, al parecer, tal posibilidad. La avalancha de datos siniestros sobre Elpidio Silva es torrencial y uno ya no sabe a quien creer. En unos casos nos lo retratan como un primo hermano del conde Drácula y en otros nos apuntan que tiene un brillante historial académico. Pero la campaña hace mella y el juez , que ya es seguido por la prensa a todas partes, denuncia presiones e injerencias de todo tipo en su labor profesional, aunque sin concretar quiénes la ejercen. El desenlace se aproxima y la Audiencia Nacional, con una celeridad que no aplica a otros asuntos, dicta un auto anulando la reapertura de la causa contra Blesa y por tanto su salida de la cárcel. El auto de la Audiencia es hiriente con el juez instructor, al que acusa de «utilizar facultades adivinatorias» e intentar abrir una causa general contra los financieros que han provocado esta crisis con su gestión irresponsable. Claro que, el mejor epitafio lo puso el propio Blesa al salir de la cárcel exultante y reclamar para sí un «juez imparcial». Estamos listos, a la clasificación, ya generalmente aceptada, de jueces «progresistas», jueces «conservadores», y jueces «estrella» hemos de unir la de jueces «raros» como Elpidio Silva», y la jueces «imparciales», o proclives a entender las razones de los banqueros, como pide Blesa. Creíamos ingenuamente que todos los jueces eran imparciales por definición, pero, como casi siempre, estábamos equivocados. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos vamos deslizando hacia una descalificación generalizada de la judicatura española. De una forma distinta a como hizo Berlusconi en Italia pero con una eficacia maligna no menos insidiosa.
