Sostiene Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta de facto del Gobierno de España -por incomparecencia de su titular- que la reforma de la administración pública supondrá un ahorro de más de 37.000 millones de euros de aquí a 2015. Y lo hace al amparo de un informe de una comisión que propone suprimir algunos entes obsoletos, seguir despedazando las políticas de igualdad y juventud, y concentrar organismos para ganar eficiencia.
Para vender la burra, dice Soraya que ha llegado la hora del sacrificio de los políticos, como si fuesen cargos políticos, y no funcionarios, interinos y trabajadores los que fuesen a sufrir el celo reformista del Gobierno de España. Este presunto argumento enlaza con aquel bulo que decía que en España había 450.000 políticos. Pues bien, después de mucha investigación, recuerdo que logré bajarme de una remota página web un listado de tres folios elaborado, al parecer, por tres asesores de Moncloa, en el que se incluían como políticos a miles de concejales sin sueldo ni dedicación exclusiva, a miles de liberados sindicales -conozco a varios que trabajan a diario pese a su legítima liberación sindical-, a miles de funcionarios y, lo que me pareció mucho más grave y retorcido, al personal adscrito al Instituto de Astrofísica o a los profesionales de la Organización Nacional de Trasplantes, entre otros muchos disparates.
Así que Soraya sostiene en su argumentario que esta reforma va a ser buena para el Estado porque ahorra dinero y lo hace, presuntamente, recortando puestos cubiertos a dedo. Lo hace sin rubor, ella que ha colocado en su entorno a casi toda su gloriosa promoción de abogados del Estado, ínclitos profesionales todos ellos, la mayoría de los cuales no dudan en formarse en la Administración para luego engordar sus nóminas pasándose a las primeras de cambio al lucrativo sector privado.
Soraya miente. Lo que sostiene es insostenible. La reforma de la administración pública que propone el PP desde el Gobierno de España es, mientras no se presente con total transparencia, un camino sin escalas y sin retorno hacia el desguace de las políticas públicas y la privatización de las actividades que dan beneficios o pueden darlos, como la sanidad, la educación, la gestión del agua o una parte del transporte público. Sostiene Soraya que es por el bien de todos. Se ha quedado corta en su frase. Ha olvidado decir que, muy especialmente, por el bien de todos sus amigos.
