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Tribuna

Nueva reforma en las administraciones públicas

26.06.2013 | 05:00

La situación de crisis económica que asola este país viene cargada de sorpresas cada vez más desagradables, y por ende, acompañadas del desconsuelo de la ciudadanía. Todas las crisis económicas a lo largo de la historia van acompañadas de crisis de valores y en consecuencia, de una situación caótica. Pero esta crisis de valores, la que estamos ahora sufriendo, debe comenzar por la autocrítica de los propios gobiernos que al fin y al cabo son los que hacen política. Y es necesario ya, que hagan una autocrítica, sobre todo cuando se pretenden cambiar los principios del Estado del Bienestar y los Constitucionales. Es fácil situar a las Administraciones Públicas en el punto de mira, valiéndose de éstas para tener un cabeza de turco.

Lo último al respecto es lo que ha señalado Cristóbal Montoro explicando que la reforma de las Administraciones Públicas es una «iniciativa política exigida por la crisis y por la ciudadanía». Al parecer, el Gobierno quiere implantar una especie de auditoría en el conjunto de las entidades públicas. El objetivo es que todas las unidades dispongan de «métodos de evaluación de su actividad adaptados a sus características». Esta auditoría estará controlada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los resultados que se obtengan deberán hacerse públicos en los portales de internet de cada uno de los entes implicados para que los ciudadanos puedan tener acceso.

Y dicho así, este exceso de control no es disonante o disparatado siempre que se haga de forma controlada y se actúe con el máximo respeto hacia los administrados; sólo que resulta disonante, cuando se hace simplemente para exculparse uno mismo, «echando balones fuera».

Pero la hipocresía de los políticos no tiene límites; pues ese exceso de celo y de control se está aplicando ya en la Junta de Andalucía que está actuando de la misma forma. Veamos un ejemplo: El Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo Andaluz aprobado por la Consejería de Educación.

Estamos asistiendo, en opinión del presidente de la Asociación de Inspectores de Andalucía (Adide) a un plan que «socava las competencias impulsando una inspección ´paralela´ que duplicará el gasto y carecerá de independencia con la consiguiente duplicidad de funciones frente a los inspectores de carrera y un incremento del gasto».

Parece increíble que las cosas puedan hacerse tan mal; por una parte, la propia Consejería envía a los inspectores a los centros a presionar para que su profesorado modifique los criterios de evaluación y por ende, se inflen los resultados y se consiga un mayor número de aprobados. El profesorado, que se siente acosado, tiene miedo y prefiere que no se mencione su centro para evitar represalias; de esta manera asiente, sintiendo que su trabajo está completamente infravalorado.

La devaluación de la autoridad magistral del profesorado es lo que parece perseguirse con estas actuaciones que se suman en los últimos tiempos a las polémicas decisiones adoptadas por las comisiones técnicas de reclamaciones en algunos centros.

Afirma Ruiz Fajardo, presidente de la Asociación de Inspectores que es un plan «inaceptable en los actuales momentos» de dificultad económica. El nuevo plan abre la posibilidad de que esta inspección ´paralela´, encargada de evaluar las «buenas prácticas» de centros y de docentes, publique listados sobre su excelencia lo que, para Ruiz Fajardo, «supone un sistema de ranking encubierto y un planteamiento neoliberal sorprendente en un Gobierno que dice defender la inclusión y la equidad en el ámbito educativo».

Está claro que la actuación de la Consejería de Educación ha actuado al margen de la negociación con sindicatos y provocando duplicidades y externalizaciones. Por lo visto, estos métodos de evaluación sólo son aplicables a los administrados pero no a los políticos. Claro está que el ministro Montoro diría que para eso están las urnas. Sin embargo, el clamor ciudadano opina que nuestros políticos no son de fiar y que necesitamos un cambio de estructural en el sistema electoral.

Los partidos no admiten sus errores; pero los ciudadanos también reclamamos productividad y eficiencia en nuestros políticos.

En España tenemos listas cerradas. Esto significa que cuando un partido se presenta a las elecciones confecciona una lista con los candidatos que propone para ocupar los escaños y los ordena. El principal problema de este método es que da un enorme poder a los partidos, que pueden castigar a los que disientan de cualquier postura oficial relegándolos a lo más bajo de las listas, allá donde no se consiguen escaños. Y viceversa, pueden favorecer a políticos cuyo único mérito sean las relaciones internas.

Visto lo visto, tenemos que cambiar el sistema electoral: Un sistema que no potencie el clientelismo al que asistimos día tras día. ¡Un sistema de listas abiertas! La principal ventaja de los sistemas que cuentan con listas abiertas es que los partidos tienen un poco menos de poder y éste se traslada a los electores. Por otra parte, es una medida de ahorro pues no existiría la desmesurada financiación de los partidos políticos.

*Ramoni Ruiz es responsable de enseñanza de CSI-F Málaga

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