Cuando se lanza una campaña de reivindicación, las entidades que la promueven nunca saben a ciencia cierta la repercusión que puede tener. Si sus palabras van a tener peso, si la sociedad va a escuchar, si las administraciones van a responder de alguna manera... O incluso si otras organizaciones sociales van a hacer suya la reivindicación y así sumar más apoyos. Hace casi cinco meses, cuando una veintena de entidades sociales poníamos en marcha la campaña www.salvemoslahospitalidad.org, esa era la sensación. Entre otras cosas, se proponía la presentación de mociones en ayuntamientos de todo el país para mostrar rechazo a la reforma del Código Penal que pretende tipificar como delito la solidaridad. Había que hacerlo, era casi obligatorio realizar la denuncia; pero, al menos desde Málaga Acoge, teníamos dudas: ¿Nos escucharán? ¿Habrá tiempo para conseguir modificar el texto antes de su aprobación final? ¿Conseguiremos llegar a la sociedad?
Hoy, casi cinco meses después, tenemos alguna certeza más. Sobre todo, después de que el Gobierno anunciase hace unos días su intención de despenalizar cualquier ayuda solidaria a personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Lo hizo de manera oficial a través de una respuesta parlamentaria. Algo es algo. Y, ahora somos más optimistas: se atisba una gran mejoría en el borrador de la reforma del Código Penal. Varias frases incluidas en el documento son esperanzadoras. La primera, la forma en la que empieza el documento: «El Gobierno considera que, de ningún modo, la prestación de ayuda solidaria a extranjeros en situación irregular debe ser castigada como un delito». La segunda, la que subraya que «se excluye cualquier sanción penal cuando el sujeto actúa con una motivación humanitaria». Y, la tercera, que se excluye cualquier sanción «en el caso de actuaciones altruistas».
Aún no sabemos cómo se trasladarán las palabras a los hechos. La satisfacción por el resultado de la campaña Salvemos la Hospitalidad no es completa por eso mismo: no sería la primera vez que una intención política se traslada a un documento oficial con cambios inesperados. Lo que sí es cierto es que el anuncio del Gobierno es un paso más que importante, una muestra de que la sociedad está viva. No sólo se han duplicado las entidades promotoras (ya más de 40), sino que se han presentado un centenar de mociones en ayuntamientos de todo el país -45 de ellas aprobadas-, así como en cuatro parlamentos autonómicos (aprobándose en los de Navarra y Aragón) y en una Diputación. Y eso deja claro que hay organizaciones y personas comprometidas. Que han entendido que hay líneas que no deben ser rebasadas. Que han hecho un esfuerzo por denunciar una situación injusta. Que han mostrado su solidaridad.
Málaga ha sido un ejemplo en todo el proceso: fue el ayuntamiento de la capital el primero en aprobar la moción -a instancias de Málaga Acoge- y es hoy la provincia donde más consistorios han mostrado su rechazo a la reforma del Código Penal. Antequera, Vélez Málaga, Ronda, Humilladero, Fuente de Piedra, Alameda y Archidona también apoyan ya la campaña Salvemos la Hospitalidad. Y en alguno más la moción está en trámites.
Ojalá, gracias a todo este apoyo, la campaña Salvemos la Hospitalidad acabe pronto. Significará que las preguntas que nos hacíamos a comienzos de año tienen respuestas concretas. Y que el Gobierno ha reculado, entendiendo que la solidaridad no debe formar parte del Código Penal. Seamos optimistas, pero por si acaso, seamos cautos.
*Nacho Sánchez es técnico de Comunicación de Málaga Acoge
