La tumbona

Sentencia a un régimen

04.10.2013 | 01:03

Hay que felicitar a la Justicia española porque eran demasiados los incrédulos que creían imposible sentar en 2010 en el banquillo de los acusados a los casi cien procesados por el mayor escándalo de corrupción urbanística-política de España. Y no sólo se hizo, sino que el presidente del tribunal, José Godino, ha logrado que el macroproceso se desarrolle con total normalidad y con plenas garantías para los encausados. No era fácil. Desde el inicio del juicio, una legión de abogados iniciaron una clara estrategia para impugnar y desmontar la instrucción del caso que realizaron los jueces Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez con las típicas maniobras de poner en cuestión la legalidad de las escuchas telefónicas, el modo en que se realizaron algunas detenciones o registros y acusaciones genéricas sobre vulneración de los derechos de sus representados. O con repetidos ataques al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. Godino cortó de raíz estas maniobras y estableció unas claras reglas de juego que han permitido la celebración de 200 sesiones de juicio durante casi dos años preservando, también, el principio de defensa de los acusados.

Hoy se espera que la sentencia sea justa, no que trate de ser ejemplar. Sería un fallo imperdonable ir más allá. Lo que hoy se espera es que Marbella pueda pasar, por fin, página de un régimen instaurado por Jesús Gil en 1991 y, que por desgracia, creó una peligrosa escuela que se extendió por media España debido a la pasividad de las administraciones, de los partidos políticos, de la propia administración de Justicia y espoleada por algunos pintorescos empresarios que vieron en este modo de proceder un atajo para alcanzar fortunas miserables.

Durante años reinó en Marbella la impunidad. Hasta treinta veces la fiscalía denunció a Jesus Gil y ninguna causa prosperó y los poderes públicos no sólo permitieron el descontrol, sino que incluso lo aplaudieron y pactaron con el GIL, y parte del poder judicial se placeaba por las calles marbellíes bajo el paragüas de las jornadas anuales que el GIL pagaba para los jueces y magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura.

El problema del saqueo de Marbella es que la investigación judicial comenzó cuando el botín ya estaba repartido, el daño hecho y los bolsillos de algunos concejales, promotores, políticos y abogados repletos de sobres. Comenzó cuando Gil ya no estaba, cuando el padrino había dejado un legado que sus herederos se disputaron entre peleas, mociones de censura y cuernos.

Las constantes denuncias periodísticas cayeron una y otra vez en saco roto y aún recuerdo esos faxes de 20 o 30 folios del exalcalde de Marbella que llegaban a Diario 16 Málaga con el cariñoso encabezado: «Querido comelentejas y periodista prostituido...». Cuantos más folios de insultos escupía a diario el fax, más acertada era la información que denunciaba alguna tropelía urbanística.

Pero esa historia es ya pasado. Está en el sumario del caso. En los cinco mil folios de los que consta la sentencia que recopila nuestras vergüenzas del pasado. La sentencia de hoy debe servir, no por su ejemplaridad, sino por la motivación de su fallo para reparar el saqueo de Marbella y para que nuestros gobernantes y muchos ciudadanos que vitoreaban al GIL hagan examen de conciencia de por qué un señor que llegó con la máxima de que quería vender sus pisos pudo durante años pisotear la ley sin que nadie se lo impidiera.

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