La mirilla

Dimitir, ¿de qué?

10.10.2013 | 00:35

Para los siglos de los siglos. Amén. Ya lluevan condenas o truenen los jueces. Ellos estarán ahí. Primero fueron las detenciones. Políticos y empresarios entre rejas por presuntos tejemanejes urbanísticos. Luego vinieron las acusaciones detalladas y los juicios y ahora llegan las penas. Pero nada cambia. Dos casos diferentes pero la misma resistencia a abandonar el cargo público. Público no de su propiedad aunque lo parezca. La ley no les obliga a marcharse del todo y la ética y la responsabilidad no están de moda. «Dimitir, de qué», decía el martes Rafael Gómez, Sandokán, en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde es concejal. «Yo no he estado nunca condenado», clamaba el líder de su propio partido. «UCOR está para los siglos de los siglos», añadía. Palabra de Sandokán. Condenado en el caso Malaya aunque como empresario y no como cargo público. Un matiz que ahora le vale para reivindicarse en el sillón municipal. Él no necesita el apoyo de ninguna dirección de partido porque para eso creó el suyo propio. No como Juan Martín Serón, que finalmente abandonará un año su cargo de alcalde de Alhaurín el Grande después de que el Supremo ratificara su condena por el caso Troya. Y, sobre todo, después de que el apoyo del PP se haya diluido. No obstante, Serón no se va en silencio y, por supuesto, no dimite. Sólo renuncia para que el contador empiece a andar y poder regresar en un año. Y con su acta de concejal vigente durante los 12 meses, ya que sólo está obligado a dejar de ejercer el cargo. Y en un año, quién sabe. Mientras, aprovechará para recurrir su condena ante el Tribunal Constitucional. Está en su derecho. Aunque su imagen como cargo público se deteriora aún más cuando despotrica sin control sobre una justicia que, mejor o peor, hay que respetar.

Criticar sí, pero dimitir, nunca. En el resto del mundo dimiten ministros por plagiar tesis doctorales, como en Alemania, donde se marcharon por la misma razón un titular de Defensa y una de Educación, o por recibir donaciones ilegales que no llegan a 500 euros, como hizo un ministro japonés de Exteriores. Aquí, incluso con penas judiciales de por medio, los políticos se resisten hasta que no hay más salida. Y amenazan con volver.

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