Juzgado de guardia

La eclosión de la corrupción

14.10.2013 | 01:18

Ha llegado tarde pero siempre lo hace. La Justicia ha hablado sobre el caso Malaya, con penas que han disgustado a muchos pero que, con los mimbres jurídicos de los que disponía el Tribunal, son las «penas legales que se podían imponer», como explicaron fuentes del órgano colegiado. La sentencia, insistieron, es «justa, razonada y trabajada» y sólo se circunscribe, no lo olvidamos, a los años que van de 2003 a 2006, el periodo en el que Marisol Yagüe gobernó en Marbella sobre un descompuesto GIL, tres ediles del PA y tres concejales díscolos del PSOE. Es decir, que en Malaya, aunque a Julián Muñoz sólo le hayan caído dos años, el exregidor ha sido condenado en Minutas y Pantoja a siete años y medio de cárcel en cada una de esas causas, por lo que la paleta de colores está completa y pasará una larga temporada en la cárcel. Lo mismo pasa con Roca, condenado en Saqueo 1, Malaya, Minutas, y aún habrá de conocer su castigo por Saqueo 2 y numerosas secuelas más.

Más allá de la reflexión sobre si la opinión pública coincide o no con la publicada, lo cierto es que la pasada semana asistimos también a la confirmación por parte del Supremo de la condena impuesta al ya exalcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, por cohecho y con la presentación del escrito de la Fiscalía Anticorrupción por el caso Arcos, en el que se piden 226 contra el exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, más conocido como el Calayo. Es la eclosión de los macrocasos de primera generación, mientras que los de la segunda comienzan a llegar a su fase de enjuiciamiento. Así, Astapa ha llegado a su tramo decisivo, con la presentación de los últimos informes policiales que darán coherencia a la instrucción y precipitarán su cierre, y Ronda y Casares, ya más liberados algunos de los fiscales Anticorrupción –hay tres en Málaga–, empezarán a dar noticias en los próximos meses.

Ahora, se imponen varias preguntas de difícil contestación: ¿han servido los macrocasos para algo? ¿Puede un proceso de esta magnitud conciliar los derechos constitucionales acusados con la sana y necesaria máxima de hacer Justicia allá donde hubo corrupción? ¿Tienen jueces y fiscales medios suficientes para hacer frente a los mejores despachos de abogados, que tienen decenas de pasantes para buscar grietas en instrucciones hechas aprisa, sin apenas tiempo para reposar entre detención y detención? ¿Cuentan policías y técnicos de Hacienda con los medios para hacer frente a estas tramas y a su maraña de sociedades y artificios contables? Hacen falta reflexiones y respuestas sosegadas tras una primera generación de macroprocesos que ha tenido, como todo en esta vida, sus luces y sus sombras.

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