El fiscal general del Estado ha hecho algunos comentarios sobre la instrucción judicial de los dos procedimientos más sonados por presunta corrupción. Respecto al de los ERE andaluces, que instruye la juez Mercedes Alaya, recordó la inconsistencia de algunos autos, que incluso han merecido impugnación por altas instancias de la justicia. Sin embargo, considera impecable el trabajo del juez Ruz en el caso Bárcenas. Eduardo Torres Dulce desempeña una función directamente vinculada al Gobierno y no ha dudado en criticar a la juez sevillana, cuyo asunto puede favorecer los intereses del partido que gobierna. Sus alabanzas al juez Ruz aluden a un asunto muy peligroso para ese mismo partido. Por consiguiente, hay que entender que el fiscal se ha manifestado con independencia ante los micrófonos de Radio Nacional.

La gradual complicación de ambos procesos, que los dilata sine die, es lo que más preocupa a todos los niveles. Alaya ha urdido una maraña probablemente inextricabe, con un número de imputaciones que avanza hacia las docientas y no solo suma los nombres de algunos políticos de alto nivel (la exministra Magdalena Álvarez, por ejemplo) sino que ha intentado implicar a otros (los también exministros y expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán) mediante autos que, por no pillarse los dedos, resultaron vacíos y anulables. El escrache callejero que le montaron grupos de sindicalistas es un escándalo y una vergüenza para todos los demócratas. Pero ella, como profesional no parece estar a la altura del procedimiento de los ERES, que lleva camino de diluirse en la esfera neutra del agotamiento.

Es indudable que un juez debe disponer de todo el tiempo que necesite «para mejor proveer», pero la normalización del país, si sigue siendo posible, depende del definitivo esclarecimiento y castigo de estos grandes folletones judiciales, absolutamente demoledores de la «marca España».

Acaba de hacerse público el reconocimiento, por el PP valenciano, de la financiación ilegal de su última campaña. Un nuevo sumario será incoado, y el juez a quien corresponda puede sumarse sin prisas a los macroprocesos en presencia, con lo cual ya serían tres, no dos, los seriales infinitos. Una sociedad no puede soportar estas dilaciones judiciales, sino exigir la agilidad que las circunstancias imponen, con sustitución de los instructores cuando haya lugar. Algunos de los actuantes están haciendo axiomática la certeza de que la justicia interminable es menos y peor justicia.