Pocas cosas hay que pongan de acuerdo a empresarios y sindicatos pero como las meigas, haberlas, haylas. Una de ellas es el convencimiento de que la inversión en infraestructuras debe moverse en unos niveles decentes para mantener la actividad del sector de la construcción, tan necesario y representativo para Málaga. El consenso entre los agentes sociales no está encontrando, sin embargo, respuesta de la Administración, que sigue metiendo la tijera de forma indiscriminada en la licitación de obra pública. Los últimos datos de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), recogidos ayer en estas páginas, confirman el hundimiento de unas partidas que deberían ser consideradas no como un gasto sino como una inversión para generar empleo y riqueza. Apenas fueron 144 millones de euros en 2013, una cifra que mejora ligeramente el dato de 2012 pero que sigue en cifras ínfimas, más de un 90% inferiores a las de 2007. El desplome de la actividad ha sido continuo desde la llegada de la crisis -segunda legislatura de Zapatero- y se ha acentuado en los dos primeros años del Gobierno del Rajoy, pese a las continuas reclamaciones del sector. De 2013 nos quedamos con las inversiones para el metro de la Junta de Andalucía (que ha duplicado su inversión hasta los 51,6 millones) y algunos proyectos municipales. Por contra, la palma de la cicatería se la ha llevado en esta ocasión el Ejecutivo, que ha reducido un 61% su inversión y se queda en unos anecdóticos 16 millones. El anillo ferroviario de Antequera, su única obra de envergadura, sigue en el limbo tras haber quedado desierta su licitación. Está claro que en este contexto de crisis es imposible volver a encarar proyectos como el AVE o la T3 del aeropuerto (la provincia se movía entonces en un volumen anual de inversión de entre 1.000 y 1.500 millones sumando a todas las administraciones) pero como bien insiste Juan Cobalea, vicepresidente de la Cámara de Comercio, sí se podrían comenzar a planificar las infraestructuras del futuro, caso del tren litoral, el futuro del Guadalmedina y el siempre olvidado saneamiento integral de la Costa del Sol. La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, coincide en que lo peor de todo es que para 2014 tampoco hay previstos nuevos proyectos, ni grandes ni pequeños. La regla de oro del sector constructor dice que el entorno de los 1.000 millones de inversión garantiza en Málaga la permanencia de 30.000 empleos directos ligados a esas actuaciones. Hoy día acercarse siquiera a la mitad parece algo de ciencia-ficción. En fin, que sabemos lo mal que está todo, pero teniendo en cuenta el retorno de la inversión en obra pública a las arcas del Estado (se habla de hasta un 60% en impuestos y en ahorra de prestaciones) no estaría de más que el Gobierno, y sobre todo el Ministerio de Fomento, se estirara un poco.