Asistimos absortos a una pugna entre un fiscal y un juez. Por qué. Lo normal no debiera ser -como me apunta el abogado e investigador malagueño Antonio Checa- que se vayan al fútbol juntitos o que no tengan ni el más mínimo roce procesal. Pero a nadie se le escapa que cuando el fiscal Horrach acusa en su informe al juez Castro poco menos que de «conspirar» contra la imputada, no está defendiendo a una imputada cualquiera. Defiende a una infanta de España.

Horrach carga una vez más contra el juez Castro descalificando el auto de más de 200 páginas que imputa a la infanta, calificando parte de su argumentación de «absurda y denigrante» y denunciando que está fundamentada en una «supuesta manipulación tendenciosa». Tanta fiscalización del fiscal sobre el juez imputador quizá no debiera asombrarnos, pero nos asombra. Aunque sea por lo inusual de asistir a un enfrentamiento de esa naturaleza jurídica y con esa tremenda expectación mediática. Es fácil detectar que a no pocos ciudadanos les impacta que tanta inhabitual tinta de calamar se arroje por la fiscalía para ocultar tras ella la imagen de una infanta de España que, aunque sea inocente de blanqueo y fraude fiscal, dispone de parte del dinero que obtuvo su marido de manera presuntamente ilegal, como ha quedado demostrado, en beneficio personal.

Por tanto, no hay problema en que el fiscal y el juez disientan, sino en que se escenifique ese conflicto precisamente en este caso y de manera tan aparente y desproporcionada.

Y lo mismo ocurre con el paseíllo que se ven obligados a dar ante las cámaras, muchas de ellas de programas amarillos y rosas, quienes son obligados a declarar en asuntos judiciales de trascendencia mediática. Lo que puede volver a ocurrir el 8 de febrero en la adelantada comparecencia de la infanta Cristina ante el juez Castro, cuando tenga que pasar por la ya famosa rampa de entrada a los juzgados de Palma que tanto ha transitado su marido.

Aprovechar la sonrisa forzada o la cara descompuesta, cualquier mal gesto o incluso provocarlo, de quien sufre esa exposición al juicio paralelo de una parte de la sociedad, sólo reporta beneficios a quienes hacen negocio con la carroña fomentando lo peor de la condición humana de sus espectadores. Así que con dinero de todos y a través de la Administración de Justicia, permitiendo ese paseíllo infamante financiamos la tele basura. Un paseíllo, conviene recordarlo, que no tendrían que sufrir esos políticos aforados que insisten ahora en que la infanta sí lo sufra.

Sin embargo, empezar a evitar ese sufrimiento añadido e innecesario -más injusto aún para quien todavía no ha sido acusado ni mucho menos declarado culpable- precisamente ahora, cuando es la infanta quien lo tiene que sufrir, sólo alimenta la sensación de desigualdad de trato ante la Justicia, no lo contrario. Porque algo tan injusto es, justamente, lo que sufren todos.