En España siempre hay que tomar partido. O con unos o con los otros. Una de las dos espadas ha de helarte el corazón. Pero a mí me caen bien los dos. Me cae bien el juez José Castro y su lucha infatigable contra la corrupción en Baleares (ojalá hubiese muchos así en España). Pero también me parece admirable el fiscal Pedro Horrach, un trabajador incansable igualmente contra todo tipo de «malos» y que ahora parece caído en desgracia ante la opinión pública por su negativa a imputar a la infanta Cristina.

Pues sí, me cae bien el fiscal Pedro Horrach. No sé si la infanta Cristina es inocente o culpable, si hay indicios suficientes para llamarla a declarar como imputada o no los hay. Pero sí sé que para salir a defender a la Infanta ahora mismo con la contundencia que él lo hace hay que ser muy valiente y tener muy claro que un servidor público debe estar al servicio de la legalidad -de lo que él entienda que es lo correcto en cada caso, claro- y no de la opinión pública.

Lo fácil para Horrach sería dejarse llevar por la corriente popular, con la izquierda celebrando cada lío judicial de Urdangarin como si fuesen la antesala de la proclamación de la III República y con los monárquicos escondidos por el bochorno que les provocan las andanzas del ex jugador internacional de balonmano. En cambio el fiscal presenta un alegato de claroscuros con un puñado de argumentos en contra de la imputación dentro de un retrato de los hechos en el que la familia Urdangarin no sale muy favorecida, independientemente de que considere que la infanta Cristina no haya cometido ningún delito.

Y como en muchas de estas peleas de buenos buenísimos y malos malísimos, detrás hay un equívoco, en este caso por una ley -o un apartado de la ley- mal hecha, la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988. Los procesados pasaron a ser imputados, como lo es ahora la Infanta. Cada vez que un político o alguien conocido es imputado se forma la misma marimorena, igual que si hubiesen sido procesados. Cuando no es lo mismo, ni por asomo. Para ser procesado se requería una importante investigación previa por parte del juez que determinase indicios claros de criminalidad. En cambio, un imputado es simplemente una persona que es llamada a declarar ante el juez con el asesoramiento de un abogado al estar relacionada con un delito. En muchos casos tras declarar ante el juez se acaba la imputación.

De momento la Infanta sólo ha sido llamada a declarar ante el juez con la asistencia de un abogado. Nada más. Y nada menos. Tiempo habrá para que la justicia decida sobre su culpabilidad o su inocencia, sobre si tiene razón el juez o el fiscal. Pero por ahora la investigación judicial aún tiene un largo camino por delante.