Llueve. Y Carranque no es Gamonal. No sólo porque está en Málaga y no en Burgos. Pero tras la paralización definitiva del alcalde burgalés de las obras ante la rebelión de los vecinos, admira la peculiar arquitectura de ese barrio obrero malagueño protegido en el PGOU. Los vecinos están orgullosos, con razón, de su barrio. Pero la asociación sociocultural Proyecto Carranque se queja de que las obras de rehabilitación de la plaza no han recuperado las farolas originales ni se han reutilizado los monolitos que las soportaban. Son vecinos organizados y se quejan, aunque no tomen la calle.

¡Basta!

Lo ocurrido en Gamonal no ha sido sólo una protesta vecinal por una obra, adjudicada a un constructor que ya fue condenado por corrupción, y que es el dueño del periódico local que ha aplaudido la remodelación. La necesidad de quienes son despreciados por el sistema de decir «¡Basta!, tenemos voz y aún el derecho de alzarla» encuentra cauces inesperados. No pocas veces, históricamente, la respuesta social empezó con una anécdota en un lugar alejado del cotarro, un lugar como la vieja, tranquila y conservadora Burgos. La pretensión inicial del ministerio del Interior de reducirlo todo a infiltrados violentos es miope. De la misma manera que haber claudicado ante una presión violenta habría sentado un precedente peligroso. Ya veremos qué ha sido o no ha sido la ‘rebelión’ de Gamonal en la actual España vapuleada, desarbolada, a punto de ser territorialmente centrifugada, desenfocada, en crisis, incluso existencial, y, sin embargo, según repitió veinte veces el ministro De Guindos en el Parlamento y según le dijo Rajoy a Obama, en franca recuperación.

¡jal!

Tampoco parece que los malagueños vayan a salir a la calle para protestar por la subida del agua, según unos, o por la redistribución más justa del coste que está en la base de la nueva tarificación de EMASA, como se cansa de explicar el alcalde De la Torre. A pesar de que desde Medio Ambiente se haya dicho que a la vuelta de un año se verá cómo ha afectado en realidad el cambio, y si entonces habrá que hacer o no recambios. ¡Jal!, habría exclamado Chiquito. ¿No habrá programas informáticos capaces de simular con los parámetros adecuados cómo afectarían a según qué hogares, con cuántos miembros y con qué referencias de consumo, la nueva tarifa? ¿De verdad es necesario que el mismísimo alcalde se bregue en las redes sociales respondiendo que él se ducha con 15 litros de agua? Bendito regalo para un titular. Pero en la red, si uno dice algo así, termina recibiendo consejos de cómo gastar aún menos lavándose sólo con toallitas húmedas, aunque resulten a la larga mucho más caras que gastar agua por encima del segundo tramo de tarifa.

Emasa

Todo está politizado, va de suyo, y quizá se haya engordado la importancia del asunto para tener argumentos que defender como logros o que abanderar contra el adversario. Pero las cosas no se han hecho bien. Incluso dando por bueno que unos 30.000 malagueños hayan ido a empadronarse para no constar en sus hogares como menos de los que son, ante el temor cierto de que el recibo les suba. Que existan cada vez más hogares en los que vive una persona sola anciana, algo que dibuja un perfil de nuestro tiempo, y que sean éstas las más penalizadas por la nueva tarificación, obliga a corregir cosas. Y no dentro de un año. En cuanto a la imposición de un canon cada vez más caro a EMASA, que es una empresa pública municipal, por parte del ayuntamiento, algo que ocurre desde que gobernaba Pedro Aparicio, como nicho de financiación del propio Ayuntamiento, eso es un circuito cerrado que huele más trampa que a ley.

Anti antidesahucio

De la misma manera que la llamada Ley antidesahucios de la Junta olía más a ley que a trampa. Pero, sin embargo, ha vuelto a ser paralizada, como el anterior decreto, por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno popular. Una lástima, porque tiene razón la consejera Cortés cuando dice que la sola aplicación de la Ley ya tenía un efecto disuasorio para evitar más ejecuciones de lanzamientos judiciales. Y una lástima porque daba pie a creer que desde la solvencia de una parte del Estado, una consejería de un gobierno autónomo -aunque Andalucía no sea España, como ha dicho Sánchez Gordillo- se podía dar respuesta a una parte vulnerable de la ciudadanía a la que representa, a esas familias acosadas por el paro, pagadoras de buena fe, que no defienden su chalé en la playa comprado en tiempo de bonanza especulativa y burbuja inmobiliaria, sino su piso, a menudo en barrios humildes, único techo bajo el que cobijar su dignidad y cobijarse. Resulta fácil criticar al Gobierno por haber recurrido la ley andaluza. Pero enfada pensar que desde la Junta no se haya amarrado la legalidad, en la confrontación partidaria, para no jugar con las expectativas de las familias que habían puesto sus esperanzas en la Ley para no perder su casa… Porque hoy es Sábado