Llegó 2014, el año en el que cambian los criterios para distribuir el presupuesto de la UE, y los políticos siguen sin enterarse del nuevo rumbo que toma Europa. La mayoría de las regiones del país ya no recibirán fondos estructurales como antes porque otros socios comunitarios menos desarrollados los necesitan. Las comunidades que quieran financiación europea deben acudir a los llamados programas «competitivos», los que se rigen por convocatorias en las que se seleccionan los mejores proyectos. Era sabido desde hace casi tres años. Lejos de fomentar un gran debate social en torno al drástico giro y de liderar las transformaciones necesarias para aprovecharlo, los dirigentes nacionales y autonómicos echaron la siesta y perdieron el tiempo en minucias, dejando a los ciudadanos inertes ante otra gran oportunidad.

La Unión Europea (UE) cambia de filosofía. Las infraestructuras pierden protagonismo y lo ganan el conocimiento, el medio ambiente y los emprendedores. Es la plasmación de la nueva estrategia de «crecimiento inteligente, sostenible e integrador» diseñada como respuesta a la crisis y tiene el propósito de preparar a las naciones para la próxima década. Europa pretende reforzar sus bases científicas instaurando un espacio por el que circulen libremente los investigadores, el saber y la tecnología para lograr una economía más sostenible y competitiva. A las pequeñas y medianas empresas, el 99% de las que existen en la UE, que proporcionan dos de cada tres puestos de trabajo, que aportan más de la mitad del valor añadido del conjunto y de las que sólo el 13% exporta regularmente fuera del territorio europeo, se les atribuye un papel esencial en la conquista de esos objetivos como motor de desarrollo, de empleo y de integración social.

Para las comunidades autónomas españolas supone un giro radical. Si quieren beneficiarse del impulso europeo necesitan asumir también un cambio de mentalidad. Pasar de la cultura de la subvención a la de la iniciativa, proponiendo buenos proyectos y socios excelentes para ejecutarlos. En definitiva, deben perder el miedo a competir. El Boletín de la Unión Europea publicó el pasado mes los reglamentos con los nuevos programas y sus condiciones. El liderazgo ya no va a recaer tanto de los estados o los gobiernos locales como en los agentes sociales y los particulares, actuando preferentemente de manera conjunta y coordinada con los de otros países. Los euros hay que ganarlos con ideas sólidas, relevantes, trasnacionales y bien justificadas, en fuerte puja con otros rivales.

Todos los agentes económicos, la universidad, los empresarios, los municipios, los sindicatos, el capital social en definitiva, deberían haberse involucrado ya en el proceso. A ellos está dirigido y abierto. Pero los políticos, lejos de alertar y estimular a los ciudadanos, les han sustraído este debate. En otros países se han iniciado consultas al público vía internet en base a un documento de discusión. Cualquiera puede emitir su opinión. Para algunos afectados quizá también resulte más cómodo seguir como hasta ahora. Un gran número de convocatorias del programa estrella, el «Horizonte 2020», dotado con 72.000 millones de euros, ya han sido lanzadas el 11 de diciembre. La presentación de proyectos empieza en marzo. Hay muchos que no las conocen o que no quieren conocerlas. Es más fácil recibir subvenciones o becas sin esfuerzo por la gracia del dirigente amigo de turno que pelear para abrirse un hueco entre los mejores.

La realidad del pasado es que España obtuvo por múltiples vías miles de millones de euros de Bruselas a los que no siempre supo sacar un rendimiento útil. El viraje de la UE brinda una ocasión para eliminar todas estas disfunciones. Para acabar con los «extractores de rentas» y los «investigadores-funcionarios». Para romper con esa actitud acomodadiza de andar siempre a verlas venir y encomendar a otros los problemas. En julio de 2011, cuando acababan de aprobarse los criterios del presupuesto comunitario, quedaba tiempo por delante para prepararse. Nada se hizo, y así estamos.