El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.
La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información».
Así comienza el primer párrafo del preámbulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que se aprobó allá por 2010. Y ahora, díganme ¿Realmente piensan que las mujeres no estamos capacitadas para decidir sobre nuestro propio cuerpo sin interferencias de religiones, creencias o imposiciones ideológicas? ¿Realmente lo piensan?
«En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de opciones que la Constitución deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico». Les suena, ¿verdad?
No está tan lejos en el tiempo esta Ley de salud sexual y reproductiva que ahora quieren matar. Ha costado demasiado. Fíjense cómo será que hasta en sus mismas filas, señores y señoras del Partido Popular, recelan de sus buenas intenciones.
No nos van a callar, ni mucho menos a intentar convertirnos en criminales, por mucho que el PP lo insinúe y, lo que es peor, en sede parlamentaria.
Por ello exigimos que el ministro Gallardón retire sus palabras, retire igualmente esta ley y pida disculpas de paso, por atacar continuamente a lo más íntimo, que es la libre decisión de las mujeres.
Lo que queremos las mujeres, lo que realmente exigimos, es que dialoguen con los colectivos de mujeres y con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, que dejen de imponer. Pedimos:
1. Leyes que garanticen los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo, legal, segura y reconocida por nuestra legislación vigente.
2. Que la salud sexual y reproductiva sea asegurada por los distintos poderes públicos con equidad y con el objetivo de contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva.
3. El mantenimiento de una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el Derecho comparado.
4. Rechazar la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo.
