Los cambios que introduce la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno acentúan el peso de las penas privativas de libertad y minoran las acciones de reeducación y reinserción social que reconoce la Constitución. Se quiere asemejar nuestro sistema penal al modelo estadounidense, donde sin embargo no parece descender el índice de criminalidad y se aleja del planteamiento de nuestros vecinos suecos, que gozan del sistema penitenciario más progresivo y con menor índice de delincuencia del mundo.

Para analizar las consecuencias de esta reforma, la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), de la que forma parte la Asociación Arrabal-AID, organizaba un encuentro donde María Concepción Sáez, de la plataforma «Otro Derecho Penal es Posible», manifestaba que se trata de una modificación «sin precedentes» entre la treintena de reformas que ha tenido la ley desde 1995.

Como novedad, introduce el concepto de prisión permanente revisable, término similar a la cadena perpetua, endurece la respuesta penal en general e incide con particular virulencia en la delincuencia menor, donde las faltas no se derogan y se transforman en acumulación de delitos leves u otras penas punitivas. A esto hay que añadir los cambios que sufre el régimen de alternativas a la prisión (suspensiones, sustituciones y libertad condicional) y la instauración de un nuevo régimen de medidas de seguridad.

Como técnica de inserción laboral con personas reclusas y exreclusas, esta profunda modificación del Código Penal preocupa, puesto que si bien esta reforma instaura la pena de prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad, como asesinatos graves, genocidio o crímenes de lesa humanidad, una vez introducido este concepto se convierte en la antesala de futuros supuestos en los que hacer extensible su aplicación. Algo factible a tenor del lenguaje ambiguo que emplea en su articulado, dejando la puerta abierta a la libre interpretación.

España es el país de la Unión Europea con más personas en prisión, a pesar de que su índice de criminalidad no es el más elevado. Un dato para reflexionar sobre el alcance de nuestro sistema penitenciario, para poner en valor los programas de reeducación y reinserción que sabemos están funcionando. Lo corrobora la bajada de los índices de reincidencia de delitos contra el patrimonio, tras implantarse en cada centro penitenciario una Unidad de Tratamiento Educativo (UTE), y también los datos del Programa Reincorpora de la Obra Social la Caixa. Sólo en Málaga se han formado en el último año con Arrabal-AID 67 internos en última fase de su condena, de los que 35 han logrado insertarse en el mercado de trabajo.

La ciudadanía debe tener claro que los programas de reeducación y reinserción social suponen una inversión económica menor frente a este sistema que refuerza las penas privativas de libertad, que no solucionan el problema. La clave está en la educación, no sólo en el ámbito penitenciario, sino en todas las etapas de la vida. Aunque algunos no quieran verlo.

*Gema Burell es técnica de Inserción Laboral Asociación Arrabal-AID