Sin duda es una buena noticia que Andalucía haya cumplido con el objetivo de déficit en el año 2013. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer mismo este hecho, de manera que nuestra comunidad autónoma va a ser una de las que contribuyan al cumplimiento por parte de España de los compromisos adquiridos con la Unión Europea a través del tristemente célebre y leonino Memorándum of Understanding (MoU).
Pero siendo una buena noticia, que lo es, habría que entrar en profundidad a debatir el asunto. Por una parte, debemos destacar que Andalucía haya desempeñado su actividad pública sin sobrepasar esa línea roja presupuestaria marcada a las comunidades autónomas desde el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, hay que decir que Andalucía está siendo leal con el Gobierno de España y con sus compromisos internacionales, y que los andaluces están soportando los correspondientes sacrificios para garantizar esa lealtad institucional. Otras comunidades autónomas están muy lejos de cumplir ese mismo objetivo, y estamos hablando, por ejemplo, de Valencia y Murcia, paraísos de la especulación bajo gobiernos sucesivos del Partido Popular, hoy endeudadas y empobrecidas.
Sin embargo, hay también que discutir si tanto sacrificio está mereciendo la pena para la ciudadanía. La devolución de miles de millones de euros que apenas han servido para salvar temporalmente las cuentas del sistema financiero no parece una recompensa razonable. La renuncia ha sido ingente. Se han perdido dos millones de empleos, se han sacrificado los salarios, han caído las prestaciones públicas y los pilares del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones, dependencia) han sido agujereados hasta límites peligrosos e indeseables.
En definitiva, siendo una buena noticia, que lo es, debe ser valorada en su justo contexto. Y eso supone exigir al Gobierno de España al menos dos cosas fundamentales. La primera, que trate bien a las comunidades autónomas leales y que han cumplido, como Andalucía, y que evite tentaciones de socorro a quienes no han hecho los mismos sacrificios, como Valencia o Murcia y alguna otra. No sería correcto, y supondría un escándalo mayúsculo de prevaricación macroeconómica. Y además hay que exigir al Gobierno de España un golpe de timón urgente y radical en cuanto a sus políticas públicas. Si salimos entre todos del agujero en el que nos metió el sistema financiero, lo lógico es que comiencen a aplicarse cuanto antes medidas políticas a favor de las personas, destinadas a crear empleo, a fortalecer la educación y la sanidad públicas, a recuperar los derechos perdidos y a garantizar las pensiones casi congeladas. Lo contrario sería un ataque frontal a nuestro sistema de valores y de convivencia. Si hemos cumplido en Andalucía, ahora le toca cumplir a Rajoy. Es de justicia.
